El primero de marzo de 2016, el principal enlace en México del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa recibió en su teléfono celular el siguiente mensaje de texto: ‘‘En la madrugada falleció mi padre, estamos devastados, te envío los datos del velatorio, espero puedas venir’’. Lo seguía un enlace con el que se abría la página de una agencia funeraria, pero que en realidad era un hipervínculo malicioso que al darle click ejecuta el programa de espionaje Pegasus, que la empresa israelí NSO Group vende exclusivamente a gobiernos.

Ese SMS provenía del número 55 5906 3534. Tres días después, desde otro número móvil (5552899427) llegó un nuevo enlace con un mensaje similar. Así lo reveló una investigación dada a conocer ayer por el Citizen Lab de la Universidad de Toronto, Canadá, que acredita que los integrantes del GIEI habrían sido víctimas de espionaje por parte de dependencias de seguridad del gobierno federal, como se denunció durante las sesiones efectuadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizadas la semana pasada en Lima, Perú.

El presidente de la CIDH, Francisco Eguiguren, consideró que esta revelación es extremadamente preocupante, por lo que demandó al gobierno mexicano una investigación con todas las garantías de independencia e imparcialidad, que establezca las responsabilidades tanto materiales como intelectuales de las supuestas acciones de espionaje.

De su lado, en un pronunciamiento de las siete organizaciones que respaldaron el informe titulado #GobiernoEspía, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) y Artículo 19, éstas advirtieron que este caso es especialmente grave porque fue el propio Estado el que solicitó su presencia en el país para brindar asistencia internacional en el caso Ayotzinapa, mediante un acuerdo en que se les aseguraba inmunidad diplomática por tratarse de un grupo formalmente designado por la propia CIDH. Por tanto, el espionaje en su contra podría tener graves implicaciones en términos de derecho internacional y refuerza la necesidad de un panel internacional que supervise la indagatoria (que realiza la PGR), como lo han señalado los propios integrantes de la CIDH, advirtieron las agrupaciones.

EL Grupo de Expertos, conformado por cinco destacados expertos, se creó en acuerdo entre el organismo internacional, el gobierno de Enrique Peña Nieto y familiares de las víctimas a fin de investigar de forma imparcial sobre el ataque contra los normalistas en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014, que dejó seis asesinados, varios heridos y 43 estudiantes que hasta hoy están desaparecidos.

Durante las audiencias de la CIDH la semana pasada, los comisionados informaron que habían recibido una carta de los miembros del GIEI en la que expresan sus sospechas de haber sido espiados.

Esta aparente vigilancia ilegal se dio en uno de los momentos en que la relación entre los expertos y la administración de Peña Nieto atravesaba por uno de los momentos de mayor tensión. Poco antes los investigadores denunciaron públicamente al gobierno por obstaculizar su trabajo y estaban a menos de dos meses de presentar su informe final, donde contradijeron la versión oficial de que los normalistas habrían sido calcinados en un basurero.

Además, el entonces secretario general de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, había sido denunciado por presuntamente hacer mal uso de los recursos que el Estado mexicano había otorgado para la labor del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.