alinaltepec (pueblo de candeleros) es conocido como uno de los municipios de la Montaña de Guerrero con mayor desigualdad social. Sus pobladores carecen de alimentos suficientes, buena salud, vivienda digna y servicios públicos adecuados. Ahora se sabrá de él también por ser uno de los epicentros de la lucha indígena nacional contra la minería.

Una de sus comunidades indígenas, la de San Miguel del Progreso (Júba Wajíin), acaba de obtener un triunfo muy importante, tanto en la defensa de su territorio ancestral, como en la batalla por evidenciar la inconstitucionalidad de diversos artículos de la ley minera, y su utilización como el principal instrumento para legalizar el despojo y saqueo de los territorios indígenas.

La historia viene de atrás. Sin el consentimiento de las comunidades que viven en la Montaña y la Costa Chica, el gobierno federal otorgó a empresas mineras, 44 concesiones. Sin embargo, 17 comunidades agrarias de la región acordaron no dar su anuencia a la realización de actividades de exploración y explotación minera, formalizando su decisión en actas de asambleas agrarias o por usos y costumbres.

Una de las beneficiarias, la empresa inglesa Hochschild Mining, bautizó su proyecto minero en la región con el truculento nombre de El corazón de las tinieblas, el mismo de la célebre novela de Joseph Conrad, en la que traza el retrato del colonialismo belga en África. Sin embargo, los empresarios no tuvieron tiempo para disfrutar su negocio. La lucha de la comunidad de Júba Wajíin obligó a las autoridades mexicanas a cancelar esas concesiones entre julio y septiembre de 2015. Se evitó así que la ley minera fuera cuestionada más a fondo. Con ello se abrió la puerta a que cualquier compañía interesada pudiera solicitar concesiones sobre los lotes cancelados, poniendo en peligro el territorio de la comunidad de San Miguel del Progreso.

Júba Wajíin, contratacó legalmente. Y logró un amparo para que la Secretaría de Economía dejara sin efectos una declaratoria de libertad de terrenos que permitía a cualquier empresa solicitar concesiones mineras en el territorio de la comunidad. De paso, se ordenó a la autoridad que en este tipo de procedimiento debe consultar previamente a la comunidad. Es el segundo amparo que San Miguel del Progreso gana en los tribunales federales.

Como explica el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan se trata de un triunfo inédito, ya que, por primera ocasión, se ordena judicialmente a la secretaría dejar insubsistente una declatoria de libertad de terrenos por violentar derechos colectivos de los pueblos indígenas.

La comunidad indígena me’phaa Júba Wajíin tiene raíces milenarias en ese territorio. Allí, sus 3 mil 800 habitantes, defienden, palmo a palmo, desde 2011, sus manantiales, cerros sagrados, recursos naturales, diversidad climática, frutales, cafetales y su forma de ganarse la vida.

Su lucha es ejemplar, tanto por su permanencia y organización como por los resultados que está cosechando. Entre otras razones, porque la comunidad supo ver que, las promesas de desarrollo y bienestar vendidas por las autoridades de la Procuraduría Agraria en 2011 para que aceptaran la explotación de su territorio, no eran más que simples cuentas de vidrio.

Los argumentos que la comunidad esgrime para rechazar el despojo de su territorio son profundos. Según Valerio Mauro Amado, su comisariado de bienes comunales, por ningún motivo queremos que las mineras entren a nuestro territorio, porque allí nace el agua, allí están nuestros lugares sagrados y de nuestras tierras nos mantenemos (https://goo.gl/JKJJ3w).

Anastasio Basurto, el comisariado de San Miguel del Progreso cuando la resistencia comenzó en 2011, explicó a la periodista Vania Pigeonutt: ¡No van a entrar las mineras, no van a entrar, así tengamos que dar la vida! No queremos estar como aquellos pueblos que se están enfermando, que cambiaron sus tierras y se están muriendo.

La consistencia de la oposición al proyecto extractivo se explica por la confluencia de tres actores. En primer lugar, por la extraordinaria capacidad organizativa y solidaria del pueblo me’phaa, que ha conservado y reinventado con gran vigor su identidad. La vitalidad y extensión de su tejido asociativo es tan notable como su capacidad para llegar a acuerdos por consenso.

En segundo, por el acompañamiento y apoyo del sacerdote Melitón Santillán, nacido en Iliatenco, quien advirtió de los riesgos de la la minería a cielo abierto, porque no puedo quedarme callado frente a una injusticia que se va a cometer contra el pueblo pobre.

Y, finalmente, por la eficaz y profesional asesoría de Tlachinollan y sus aliados desde 2010. Tlachi puso en el centro de la defensa comunitaria la utilización de los márgenes legales disponibles en los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, no como un recurso retórico a ventilar en la opinión pública, sino como materia para litigar con eficacia en los tribunales.

El despojo y saqueo de los territorios indígenas en todo el país, con su causa de represión, explotación y devastación no se detienen. El triunfo de San Miguel del Progreso es una buena noticia. Muestra que la resistencia de los pueblos originarios pude golpear a los modernos saqueadores en el corazón de las tinieblas.

Twitter: @lhan55