s importante destacar que, pese a los embates del duopolio Estado-empresas, los pueblos indígenas están dando la batalla en contra del despojo territorial y lo hacen por la vía pacífica y con la ley en la mano, pero con su férrea organización comunitaria como principal respaldo. Júba Wajíin logró el reconocimiento de sus tierras comunales en 1994, acreditó su posesión ancestral y reivindicó su carácter eminentemente indígena. Los últimos seis años ha librado una batalla ejemplar, jurídico-política, con apoyo del centro de derechos humanos Tlachinollan, en contra de las inconsultas concesiones mineras. Rechazaron la exploración y explotación sobre su territorio en la asamblea general de comuneros el 17 de abril de 2011 y promovieron su inscripción en el Registro Agrario Nacional. El presidente del comisariado de bienes comunales ingresó diversas solicitudes de acceso a la información pública, dirigidas a la Secretaría de Economía (SE). En respuesta, se indicó que el territorio de San Miguel del Progreso: “[…] Se ubica parcialmente sobre las concesiones mineras Reducción Norte de Corazón de Tinieblas (título 232560) y Corazón de Tinieblas (título 237861) […]”

Además se constató que las concesiones se entregaron por 50 años y que afectan sitios que para la comunidad son sagrados. Esta concesión se otorgó a la empresa Minera Hochschild México, SA de CV. Ante la omisión del Estado de su deber de garantizar una consulta previa, libre e informada, promovieron una demanda de amparo en la que se pidió que se revisara la constitucionalidad de la ley minera. Es preciso destacar que no solicitaron la realización de la consulta, pero asumieron que la violación se consumó al no haberse realizado previamente al otorgamiento de las concesiones. La comunidad reiteró su integral carácter indígena y agrario que el Estado está obligado a proteger. El gobierno federal alegó lo que ya es un patrón oficial: que no existen los derechos invocados por la comunidad me’phaa; que los actos son irreparables; que San Miguel del Progreso carece de interés jurídico para impugnar las concesiones, aunado al planteamiento de fondo al sostener que los recursos minerales son propiedad exclusiva de la nación por lo que el Ejecutivo federal puede concesionarlos libremente; que las concesiones mineras no confieren a sus titulares derechos sobre la superficie del terreno; que la consulta es improcedente, pues las actividades mineras no han comenzado; que otorgar una concesión minera no implica autorizar un programa de prospección o explotación de minerales, por lo que no es aplicable el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y que la consulta exigida se verificará dentro del procedimiento de aprobación del manifiesto de impacto ambiental, (el cual, por cierto, no es acorde con el citado convenio). Júba Wajíin obtuvo el amparo en su favor y el gobierno federal pretendió revertirlo, por lo que solicitó a la Corte que atrajera el caso. La primera sala no resolvió; recibió el informe de la SE, en el sentido de que las concesiones mineras Corazón de Tinieblas y Reducción Norte de Corazón de Tinieblas ya habían sido canceladas a partir del 22 de julio de 2015 y 3 de septiembre de 2015, respectivamente, por desistimiento que hicieron sus titulares en junio y julio de 2014, por lo que se declaró el sobreseimiento al amparo en revisión.

Habría que anotar que ya la Cámara Minera había presentado a la Corte un revelador amicus curiae pretendiendo limitar el alcance del derecho a la consulta y defendiendo la legislación minera, una evidencia más de que el capital litiga en alianza con el Estado, en contra de los pueblos indígenas. La cancelación de las concesiones es un triunfo evidente de la organización comunitaria; sin embargo, el Estado quiso dejar a salvo su derecho a que otras empresas sean concesionadas, para ello el 24 de noviembre de 2015 la SE, publicó en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de libertad al cancelarse las concesiones ya mencionadas y estableció que a los 30 días de haber sido publicada, quedarían libres los terrenos que amparaban las concesiones, lo que significa que cualquier empresa interesada podría solicitar concesiones sobre dichos lotes, con ello se reiteró la amenaza al territorio de la comunidad de San Miguel del Progreso. Ante ello se interpuso amparo y se obtuvo la suspensión de plano, impidiendo que la SE otorgara en nueva concesión los lotes que amparaban las concesiones canceladas, hasta que se resolviera el fondo del juicio. Hace unos días, Júba Wajíin fue notificada de una nueva victoria jurídica, con importantes precedentes para la lucha de todos los pueblos indígenas. De ello hablarán hoy sus autoridades en la Ciudad de México, esperando que el Estado desista de impugnar de nueva cuenta. De hacerlo, enfrentará a un pueblo indígena organizado y convencido de que detener el despojo territorial es vital.