El proyecto de reforma a las leyes que conforman el sistema penal acusatorio, que preparan senadores y diputados del PRI, plantea tipificar como delitos graves la portación de armas de uso exclusivo del Ejército, el robo de hidrocarburos, así como el tráfico de migrantes, los que ameritan penas más altas y prisión preventiva.

Con ello, legisladores del tricolor buscan dar respuesta a la preocupación externada por el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales, sobre el incremento de la criminalidad a partir del puesta en marcha del nuevo sistema penal.

En la miscelánea penal que desde hace cuatro meses preparan los grupos parlamentarios priístas, según detalló la senadora Cristina Díaz, se propone modificar el Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de establecer que la portación de armas de fuego, el robo a ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y el trafico de migrantes no permitirán a quienes cometen esos delitos llevar el proceso en libertad, ya que son conductas ilícitas relacionadas con la delincuencia organizada.

Por ello, se incluirán como delitos que merecen la prisión preventiva oficiosa, cuyo objeto es el aseguramiento de la presencia del imputado durante el proceso, evitar el riesgo de fuga y la reiteración delictiva. Tampoco podrán llevar el juicio en libertad aquellos que estén acusados de financiar el terrorismo.

La pretensión, detalló, es fortalecer la operación del sistema de justicia penal y adecuarlo a los reclamos de la sociedad, ya que a pesar de los avances aún se enfrentan retos en la aplicación de algunas leyes, sobre todo del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Se trata, dijo, de llevar a los imputados a la justicia con transparencia, claridad y eficiencia.

La reforma, que se planteará en la Cámara de Diputados, regula la intervención de comunicaciones y la separa de la geolocalización geográfica en tiempo real y entrega de datos conservados.

No pueden equipararse, establece, ya que el llamado espionaje telefónico constituye una restricción constitucional al derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones y su ejercicio está condicionado a la autorización judicial, que sólo pueden solicitar los titulares del Ministerio Público en los estados y el titular de la Procuraduría General de la República”, entre otros:

Los priístas proponen que se establezca un catálogo de delitos que no requieran de orden judicial para llevar a cabo la localización geográfica en tiempo real, a fin de garantizar la solicitud y entrega de información de manera expedita, y máxime cuando se encuentra en peligro la vida e integridad de personas víctimas de delitos de alto impacto.

Se propone también que en caso de que el juez de control niegue la orden para intervenir el teléfono y otras comunicaciones privadas, el Ministerio Público deberá requerir de nuevo el permiso, ya que el acto procesal no caduca, permitiendo así al fiscal cumplir con las obligaciones inherentes a su encargo, en un plazo no mayor de 12 horas.