Acudir a organismos internacionales se volvió una necesidad
Sábado 8 de julio de 2017, p. 11
En el caso de la desaparición forzada de cinco integrantes de la familia Guzmán Cruz, el Estado mexicano está recurriendo a la misma estrategia que ya ha aplicado en otras violaciones graves de derechos humanos: fingir que investiga e incluso admitir algunas fallas, pero al mismo tiempo dejar sin castigo a los responsables de los hechos.
Así lo afirmaron integrantes de diversas organizaciones civiles que impulsaron la admisión del caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que ayer comenzó formalmente a analizar el tema y al cual se le solicitó que elabore un informe de fondo
para esclarecer lo ocurrido.
Luego de seguir por Internet la audiencia de la CIDH en la que el organismo abordó el tema por primera vez, Blanca Hernández, coordinadora de la Fundación Diego Lucero, subrayó que apelar a las instituciones internacionales de justicia se ha vuelto una necesidad ante la falta de opciones para resolver agravios en las cortes mexicanas.
Un ejemplo, dijo, es que la investigación realizada por la desaparecida Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado nunca sirvió para acusar directamente a algún servidor público, lo que dejó impune gran cantidad de violaciones a derechos humanos ocurridas durante la llamada guerra sucia.
Elia Hernández, sobreviviente de desaparición y tortura, además de coadyuvante en el caso Guzmán Cruz, coincidió en que el Estado mexicano sigue aplicando hasta la fecha las mismas tácticas de asesinar y encarcelar a quienes discrepan de su forma de gobernar, mientras promete que va a investigar esas mismas agresiones.
Se pasan el tiempo investigando, pero sólo dilatan los asuntos y no dan una respuesta concreta a estas peticiones que se han hecho formal y legalmente para que resuelvan estos casos. Son muchísimos los desaparecidos de esas épocas, pero nunca han dado respuesta concreta
, lamentó la ex integrante del Movimiento de Acción Revolucionaria.
Por su parte, Julio Mata Montiel, secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México, destacó que casos como el de la familia Guzmán son sólo la punta del iceberg de una serie de atrocidades en los cuales el Ejército tuvo un papel preponderante, y que generó un camino de complicidad y encubrimiento
vigente hasta la fecha.