Más de 40 años después de que cinco integrantes de una familia originaria de Michoacán fueran víctimas de desaparición forzada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró ayer su primera audiencia sobre el tema, en un caso que el Estado mexicano propone llegar a una solución amistosa, lo cual es rechazado por el único sobreviviente de dicha agresión.

Se trata de la desaparición de Amafer Guzmán Cruz, dirigente estudiantil y militante del grupo guerrillero Movimiento de Acción Revolucionaria, así como las de su padre, José de Jesús Guzmán Jiménez, y sus hermanos Armando, Solón Adenahuer y Venustiano, todas ellas cometidas entre 1974 y 1976 por agentes de la extinta Dirección Federal de Seguridad y el Ejército Mexicano.

Tras acudir a diversas instancias judiciales del país para buscar a sus familiares, sin obtener respuesta satisfactoria, Abdallán Guzmán Cruz –con el acompañamiento del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) y la Fundación Diego Lucero– envió en 2006 una petición a la CIDH para que admitiera el caso, lo cual ocurrió en 2013.

Ayer, luego de más de 10 años de espera, Guzmán compareció ante el organismo interamericano, en una sesión dirigida por la comisionada especial para México, Esmeralda Arosemena de Troitiño, a quien narró la forma en que su padre y sus hermanos fueron desaparecidos, y de qué manera él y su familia han sido hostigados por llevar adelante este proceso.

En su turno, representantes de las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores le preguntaron si conocía la propuesta de reparación integral del daño que le ofrecieron, pero Guzmán reiteró que no está interesado en llegar a un acuerdo de esa naturaleza, sino en que la CIDH investigue el caso y elabore un informe de fondo, para identificar y castigar a los responsables de los hechos.

Emitan por favor el informe de fondo. Llevamos 40 y tantos años buscando la verdad y la justicia, y ya nos urge. Mi mamá murió y mis hermanos mayores (las víctimas de la desaparición) no están; queremos que la sociedad conozca que se puede hacer justicia, enfatizó.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, subrayó que el gobierno ya ha reparado el daño en 130 casos de violaciones a derechos humanos y que dicho esquema no está basado sólo en una indemnización económica.

Sin embargo, Abdallán Guzmán reiteró su poca confianza en las autoridades del país, debido a que no ha habido resultados en sus investigaciones.

Los abogados del Centro Prodh cuestionaron la voluntad política del Estado mexicano y destacaron que el de la familia Guzmán es un ejemplo de la justicia transicional fallida; además criticaron la falta de investigación al papel de las Fuerzas Armadas en este y otros casos.