l Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó ayer denuncias ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) contra el sacerdote Alejandro Solalinde y el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa Reza, por presuntos actos proselitistas durante la veda electoral en los comicios estatales del pasado 4 de junio. El sábado 3 de ese mes, en la víspera de la elección para la gubernatura del estado de México, Solalinde usó la red social Twitter para desmentir una presunta nota periodística según la cual había llamado a votar por el candidato del PRD, el ex alcalde de Nezahualcóyotl Juan Zepeda, y en la misma comunicación refrendó su apoyo a la abanderada del partido Morena.

A raíz de la acusación perredista, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) emplazó al religioso y luchador social a declarar en una audiencia el próximo jueves. Solalinde Guerra manifestó que el citatorio para comparecer ante la autoridad electoral constituye un acto de persecución en su contra, en el que el PRD es usado como sicario por el partido en el poder.

La denuncia del PRD, que en otras circunstancias podría inscribirse en la habitual deriva judicial que en el país caracteriza los procesos comiciales ante la falta de garantías para la efectiva manifestación de la voluntad popular, cobra en este caso un cariz preocupante por dirigirse contra un personaje de intachable trayectoria en la defensa de las personas más vulnerables y claramente ajeno al ámbito partidista.

Es necesario tener presente que la vida del sacerdote católico se encuentra amenazada desde hace una década por la sostenida labor de defensa de los migrantes y de acompañamiento a los movimientos sociales que han convertido a Solalinde en una de las figuras más respetadas dentro y fuera de México. En efecto, la existencia del albergue Hermanos en el Camino en Ixtepec, Oaxaca, ha incomodado a los grupos delictivos y a las autoridades que actúan en connivencia con ellos en el lucrativo negocio del secuestro y extorsión de migrantes centroamericanos que atraviesan el territorio nacional en su intento de llegar a Estados Unidos, contexto en el cual resulta inevitable la percepción de que las acusaciones por su participación política constituyen un intento de silenciar la voz crítica de Solalinde por la vía judicial.

La querella emprendida por el PRD es una acción desmesurada e injusta, que constituye motivo de descrédito para este instituto político y obliga a preguntarse a qué intereses responde. Cabe esperar que se produzca una rectificación para poner fin a un despropósito que no puede redundar en beneficio de nadie y sí dañar aún más la confianza ciudadana en la institucionalidad.