La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará el conflicto entre organizaciones civiles ambientalistas y las empresas Buena Vista del Cobre y Grupo México, ya que las compañías han sido acusadas de haber ocasionado un severo daño al medio ambiente y a los ecosistemas de las aguas y tierras del estado de Sonora, concretamente las ubicadas alrededor de los ríos Sonora y Bacanuchi.

Una asociación civil ha señalado que el vertimiento de sustancias tóxicas, particularmente sulfato de cobre acidulado, ha afectado gravemente no sólo a las localidades y poblaciones sonorenses, sino a todos los mexicanos.

En la secuela procesal, el juez de distrito desechó la acción y el tribunal unitario confirmó el desechamiento en apelación. Ambas partes promovieron juicio de amparo directo, los que fueron atraídos por la primera sala para su conocimiento.

La primera sala consideró que el caso reviste enorme importancia y trascendencia, ya que permitirá establecer la debida interpretación de los requisitos de procedencia de las acciones colectivas en materia ambiental y la capacidad de apreciación de los mismos de parte del juez de distrito en la etapa de certificación.

En este sentido, los ministros de la Corte reconocieron la necesidad de definir criterios que permitan su operatividad, ya que a partir del conocimiento del asunto se podrá establecer si la legislación federal limita injustificadamente o no el remedio judicial efectivo para las violaciones a derechos humanos cuya reparación se persiga por vía de la acción colectiva difusa, a la luz de los estándares interamericanos en la materia.