El Estado mexicano será sometido una vez más al escrutinio de un organismo internacional por su actuación sobre las garantías fundamentales. En el contexto del 163 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), México comparecerá ante esa instancia de la Organización de los Estados Americanos para debatir acerca de varios temas en los que se han vulnerado las garantías de ciudadanos. El caso que más atención tendrá es el caso los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.

Este jueves se abordarán tres tópicos sobre México: la situación de los derechos de las personas de la comunidad lésbico, gays, bisexuales, transgéneros, travestis, transexuales e intersexuales; la crisis de impunidad y justicia, y la audiencia de oficio del Mecanismo especial de seguimiento de la CIDH sobre Ayotzinapa.

El viernes se discutirá la desaparición forzada de cinco integrantes de la familia Guzmán Cruz hace 43 años, en Michoacán, en el contexto del periodo de la llamada guerra sucia. En los foros, tanto los representantes del gobierno con los de las víctimas presentarán sus argumentos.

Durante la audiencia de oficio sobre el caso Ayotzinapa, los familiares de los 43 normalistas desaparecidos y de otras víctimas (ejecutados y heridos) en los hechos de los días 26 y 27 de septiembre de 2014 denunciarán que siguen pendientes de resolver temas de máxima relevancia, cuya urgencia se ha destacado en varios momentos.

Las víctimas y sus representantes legales (los centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y de la Montaña Tlachinollan) harán énfasis en tres puntos relevantes con base en las conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH: la presentación de nuevas acusaciones contra probables agresores, incluidos policías municipales de Huitzuco, ya que no se han ejercitado formalmente acciones penales desde diciembre de 2014.

Insistirán en que se concluyan los trabajos e investigaciones sobre telefonía celular, particularmente a los móviles de algunos normalistas desaparecidos que siguieron funcionando después de los hechos, indagatoria que sigue inconclusa; así como la línea de investigación sobre la ruta ilegal de drogas de Iguala a Chicago, Estados Unidos, y la relación de este trasiego con el caso, ya que es preocupante que, a casi tres años de los hechos, aún no culmine la asistencia jurídica internacional con Estados Unidos, entre otras líneas.

En la audiencia estarán presentes, en representación de las familias de los 43 jóvenes desaparecidos, Cristina Bautista y Mario González; Mario Padrón y Santiago Aguirre, del Centro Prodh, y Vidulfo Rosales, de la Montaña Tlachinollan.

Se espera que la delegación del gobierno federal sea encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, y la subprocuradora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, Sara Irene Herrerías.