San Francisco.

Los niños migrantes que entran al país sin sus padres tienen derecho a una audiencia en la corte para impugnar cualquier decisión de detenerlos en lugar de entregarlos a algún familiar en Estados Unidos, falló este miércoles la justicia.

La corte de apelaciones del noveno circuito dijo que dos leyes aprobadas por el Congreso no eliminan el derecho a una audiencia de fianza para los niños inmigrantes que viajan sin compañía de un adulto y que son detenidos por autoridades federales.

Decenas de miles menores de edad que huyen de la violencia generada por las pandillas y el narcotráfico, principalmente en Guatemala, Honduras y El Salvador, han entrado en Estados Unidos sin compañía de un adulto años recientes, lo mismo que menores mexicanos.

Los funcionarios federales colocan a la mayoría de esos niños con familiares en Estados Unidos. Sin embargo, el Departamento de Salud y Servicios Humanos cuenta con la autoridad para retener en instalaciones de seguridad, en ocasiones durante meses, a los menores que representen un peligro para sí mismos o los demás, o que hayan cometido algún delito.

Limitan a funcionarios

Defensores de los derechos de los inmigrantes estiman que ese grupo está compuesto por varios cientos de niños, e indicaron que las audiencias de fianza les permiten entender los motivos por los que son retenidos e impugnar la detención.

El gobierno de Obama arguyó que dos leyes –aprobadas en 2002 y 2008– eliminaban el requerimiento de una audiencia de fianza presentado en un acuerdo legal de 1997, al otorgarle al Departamento de Salud y Servicios Humanos toda la autoridad sobre las decisiones de custodia y ubicación de los menores sin compañía adulta.

En 2016 el Departamento de Justicia indicó en documentos ante la corte que los jueces migratorios no son expertos en temas de bienestar infantil y cuentan con mucha menos pericia para determinar lo más conveniente para el menor, en comparación con funcionarios de Salud y Servicios Humanos.

El juez Stephen Reinhardt, quien escribió la decisión unánime del panel de tres jueces del noveno circuito, dijo que las dos leyes no le otorgan la autoridad exclusiva sobre los menores sin compañía adulta a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos.