Madrid.

Un día después de la presentación en el Parlamento catalán de la legislación que dará cobertura legal al referendo de independencia en Cataluña, desde Madrid se llevó a cabo una ofensiva política y judicial inédita. Los ex presidentes de gobierno Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, coincidieron en un foro para arremeter contra los independentistas y alentar al gobierno de Mariano Rajoy a que en caso de que sea necesario aplique el artículo 155 de la Constitución española y suspenda la autonomía.

Además, el Tribunal Constitucional suspendió una partida presupuestaria de la administración catalana que es vital para sacar las urnas y llevar a cabo el referendo de independencia.

La fecha fijada por los partidos independentistas catalanes para llevar a cabo el plebiscito es el próximo primero de octubre. En este tiempo tendrán que organizar la votación y aprobar las leyes que han diseñado en su hoja de ruta para que en esta ocasión sea una consulta vinculante y en caso de que gane la independencia se lleve a cabo de forma efectiva la separación definitiva de Cataluña del Estado español.

Ante los pasos dados en Cataluña, los grupos políticos españoles y sus instituciones respondieron con contundencia. La respuesta que más afecta al proceso soberanista vino desde el Tribunal Constitucional, que anuló las partidas presupuestarias que previamente habían sido impugnadas por el gobierno por inconstitucionales si se destinan a financiar el referendo. Se trata de tres partidas de 5 millones de euros, 800 mil euros y 400 mil euros, destinadas a procesos electorales y consultas populares. El tribunal explica que la ley impugnada no contiene partidas presupuestarias que se destinen de forma específica a la financiación del proceso, pues la denominación de las partidas presupuestarias impugnadas es, por el contrario, genérica e inconcreta. En conclusión, dichas partidas no merecen tacha alguna de inconstitucionalidad en la medida en que tengan por objeto sufragar los gastos que puedan generar estos procesos o consultas no referendarias. Pero sí son merecedoras de impugnación constitucional si se destinan a financiar gastos derivados de la organización y convocatoria del referendo al que se refiere el recurso presentado por el gobierno y admitido por los magistrados.

Además del varapalo judicial, los independentistas catalanes recibieron duras críticas de los tres ex presidentes del gobierno español y que coincidieron en un foro para analizar precisamente lo que llaman la amenaza secesionista de Cataluña. El socialista González fue claro ante la pregunta de si se debía aplicar el artículo 155, a lo que respondió: Sí. La Constitución está para aplicarse y ese es un elemento más. Según González, nadie discute la identidad de Cataluña, pero muchos cuestionan la identidad de España, algo sobre lo que no encuentra ningún fundamento y sobre lo que no hay ninguna razón. A su juicio, de vez en cuando surge en términos de nacionalismo este problema, pero para el ex presidente, tenemos un problema iden- titario, no de territorios. En este punto, ha lamentado que los dirigentes independentistas no sólo quieren crear nuevos demos sino que están fracturando gravemente su cohesión interna.

El derechista Aznar añadió por su parte que España no está para que haya más personas que jueguen irresponsablemente a la división, sino para que busquen puntos de encuentro por el progreso de este país. Ya dije que antes de romperse España se rompería Cataluña, pues la política de los dirigentes actuales va a acabar demoliéndola y ellos mismos serán los responsables de esta situación.

Mientras que el socialista Rodríguez Zapatero advirtió: hay que hacer política desde los principios y desde la inteligencia para ir conquistando voluntades. Sin renunciar a la soberanía inequívoca, donde no cabe ni un atisbo para el derecho de autodeterminación ni lo habrá.