Sonriente, ‘‘tranquilo’’ y confiado, el ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa aceptó la extradición voluntaria a México para enfrentar los cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita que le formuló la Procuraduría General de la República (PGR), por los cuales podría alcanzar penas que llegarían hasta 40 años por delincuencia organizada y 15 por ‘‘lavado de dinero’’.

Durante la audiencia realizada en Guatemala, aseguró que no cometió los delitos que se le imputan, ya que en las acusaciones no se acredita su participación –ni la de su familia–. Sin embargo, de acuerdo con los documentos leídos por la Fiscalía de Guatemala, las imputaciones en su contra se fundaron en los señalamientos y declaraciones que realizaron sus amigos y ex socios en una compleja trama financiera para ocultar el desvío de recursos públicos; entre sus deponentes se encuentran Alfonso Ortega López y Arturo Bermúdez Zurita, quienes fueron identificados como tres de sus principales operadores financieros y prestanombres.

Desde que descendió del transporte penitenciario que lo condujo de la prisión de alta seguridad de Matamoros hasta el edificio de tribunales, Javier Duarte dijo a los periodistas que está ‘‘tranquilo’’ para la audiencia, que se realizó en el piso 11 del tribunal quinto de sentencia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, integrada por los magistrados César García, Sonia Villatoro y Bélgica Deras.

El trámite tardaría 10 días

Javier Duarte de Ochoa será extraditado a México en fecha próxima; el trámite puede tardar hasta 10 días en lo que se formaliza su traslado, aunque su defensor guatemalteco, Carlos Velázquez, señaló que esto podría ocurrir en cinco días hábiles, plazo que concluiría el próximo martes.

El ex mandatario veracruzano asistió a esta tercera comparencia de extradición –luego que el lunes solicitó no ser trasladado a los tribunales por encontrarse con problemas de presión arterial–, con la barba crecida, una camisa de color azul y un pantalón café, y aunque en muchos casos respondió a las preguntas de la prensa con un ‘‘no tengo comentarios’’, atendió cada pregunta mostrando la misma actitud sonriente de hace ocho días, cuando aceptó ser extraditado para que se le juzgue por seis delitos en tribunales en su estado natal.

En las dos recientes comparencias, Javier Duarte se ha mostrado así, sonriente. Ello es distinto a la primera ocasión en que acudió y no ocultó su enojo porque lo fotografiaran o grabaran esposado, escoltado y en momentos en que era revisado por los guardias.

En ese día –17 de abril– apenas tenía 48 horas de haber sido detenido en un hotel de lujo en la comunidad de Panajachel, en momentos en que se había reunido con su familia, la cual partió de Guatemala y desde entonces no lo ha contactado, según sus abogados. En esa diligencia se le leyeron las imputaciones que le hizo la Procuraduría General de la República (PGR) y también se le notificó su detención legal.

Allí, en el mismo tribunal en que compareció ayer, le informaron que las autoridades habían descubierto que desde el inicio de su administración organizó con sus amigos un grupo de operadores financieros que adquirirían –con recursos federales y estatales asignados al gobierno veracruzano– bienes inmuebles en diversas entidades del país, así como un yate y tierras ejidales en Campeche para la construcción de departamentos de lujo, entre otras operaciones para ocultar el desvío de dinero.

Allí se le preguntó por primera vez si accedía a ser extraditado de manera voluntaria y el ex mandatario dijo que prefería esperar a que se le notificara de manera formal los cargos que enfrentará en el ámbito federal, con base en una orden de aprehensión librada el 14 de octubre de 2016 por el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio con sede en el Reclusorio Norte.

Sus amigos y ahora ex colaboradores, quienes se convertirán en testigos de cargo –y gozarán de la protección de la justicia para no ser enjuiciados–, declararon al Ministerio Público Federal que cuando las cosas no le salían bien a Javier Duarte, éste se enojaba, regañaba a sus cómplices o despedía a los funcionarios que no atendían las indicaciones que les daba para desviar recursos, participar en el ocultamiento de sus operaciones o participaban en la creación de empresas fachada.

Ayer, los fiscales guatemaltecos, encabezados por José Galdamez, dieron lectura a las constancias de las autoridades mexicanas y entre los documentos presentados se dio a conocer que la PGR solicitó la colaboración internacional de autoridades de Estados Unidos para incluir investigaciones de ese país en contra de Javier Duarte.

Durante la audiencia, Galdamez reveló que la denuncia con base en la cual fue detenido se presentó el 6 de octubre de 2016 y la PGR solicitó la orden de captura ocho días más tarde.

De acuerdo con los argumentos oficiales, Alfonso López Ortega, uno de los principales prestanombres de Javier Duarte, aceptó colaborar con la PGR y el mismo mes de octubre comenzó a proporcionar detalles de las operaciones que se realizaron para desviar recursos federales y estatales que estaban destinados a educación y salud.

Asimismo, en diciembre de 2016, Arturo Bermúdez Zurita, ex director de Seguridad Pública de Veracruz, quien se encuentra sujeto a un juicio por enriquecimiento ilícito en el ámbito local, declaró ante la Procuraduría General de la República en contra de su ex jefe, el ex gobernador Javier Duarte.

Luego que fue librado el mandamiento judicial, Juan José Janeiro Rodríguez, otro prestanombres, hizo un trato con la PGR y aceptó declarar contra su amigo el 2 de febrero de 2017. En tanto, Javier Duarte huyó de Veracruz, viajó al estado de Chiapas y luego se internó a Guatemala y realizó algunos viajes a Costa Rica, pero se estableció en territorio chapín durante casi seis meses.

Ayer se dio lectura a bienes inmuebles asegurados y que están a nombre de Moisés Manzur, y que se considera pertenecen a Duarte, entre los que destacan varios departamentos en el condominio Torre Pelícano, en el municipio de Boca del Río, en Veracruz, así como los ranchos Macedonia, en el municipio de Tres Valles, un predio rústico en el municipio de Cosamaloapan, así como el rancho Las Mesas, en el municipio de Valle de Bravo, en el estado de México.

Uno de los puntos centrales en las acusaciones se relaciona con la adquisición de 21 parcelas del Ejido Lerma, en Campeche, las cuales fueron presuntamente adquiridas con recursos desviados del gobierno de Veracruz por medio de las empresas Consorcio Brades y Rhoor, esta última relacionada con la compra de la casa 725 ubicada en la calle Sierra Fría, en la colonia Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. De igual manera, se mencionó el aseguramiento de cuatro departamentos en el condominio Finisterre, en Ixtapa Zihuatanejo, en el estado de Guerrero. En la audiencia nada se dijo del aseguramiento de 112 cuentas bancarias relacionadas con Javier Duarte.

Tras escuchar los señalamientos, el abogado guatemalteco Carlos Velázquez Domínguez dijo a los magistrados: ‘‘Consideramos que las acusaciones incluidas en la solicitud de extradición no logran demostrar en qué momento existe un vínculo de Javier Duarte con los señalamientos por los cuales se pidió su entrega a México. En ningún caso se logró probar que esa supuesta organización de carácter delincuencial está liderada o que Javier Duarte tuvo alguna participación, simplemente son señalamientos que son una manera en que los encargados de la persecución penal digan cuál es su participación en los hechos’’.

Agregó: ‘‘Hay una persecución política porque están tratando de darle el matiz de que se trató de desvío de fondos, pero las personas que aparecen (sus ex socios y amigos) no son familiares ni tienen ninguna vinculación y no demuestran que existió alguna vinculación de Javier Duarte con quienes cometieron los delitos.

Abogados rechazan acusaciones

‘‘El ex gobernador (…) va a aceptar enfrentar los cargos que le han sido imputados por el gobierno federal y se va a allanar a este proceso para que pueda dilucidar su situación jurídica en México, y desvanecerá las mal fundadas acusaciones.’’

En seguida, Duarte declaró: ‘‘He decidido allanarme a la solicitud formal de extradición con relación a los delitos federales por delincuencia organizada y operaciones, ya que no cometí tales delitos y es mi deseo así acreditarlo ante el Poder Judicial de la Federación de mi país’’.

El político mexicano agregó: ‘‘En ninguna de las pruebas aparece mi nombre ni de mis familiares directos; no fui ejidatario ni soy ni pienso ser ejidatario en ningún punto de mi país. La prueba está viciada’’.

El ex gobernador ya no quiso declarar nada más a la prensa; sólo levantó el dedo pulgar de su mano derecha al concluir la diligencia para después ser trasladado de nuevo a la prisión de Matamoros, donde esperará a que concluyan los trámites para ser entregado a las autoridades mexicanas.