yer arribó a la Ciudad de México, procedente de la capital poblana, una caravana de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre, con la finalidad de exigir justicia por el asesinato de Meztli Sarabia Reyna, hija del principal dirigente de esa organización, Rubén Sarabia Sánchez, Simitrio, y en demanda de la liberación definitiva de éste, quien se encuentra en régimen de prisión domiciliaria. Meztli Sarabia fue asesinada el 29 de junio anterior en el mercado Hidalgo de la ciudad de Puebla por un grupo de sicarios; en la agresión fue gravemente herido Pablo Alfredo Barrientos, integrante de la UPVA, y los atacantes dejaron en el lugar una cartulina con una amenaza y una acusación por extorsionadores dirigida a Simitrio y a sus partidarios.

Ese crimen tiene como contexto ineludible la bárbara persecución política que han sufrido el dirigente social, su organización y su familia desde 1989, cuando Sarabia Sánchez fue detenido por policías poblanos en el entonces Distrito Federal; torturado y encarcelado en distintas prisiones del país –incluidas dos de alta seguridad– durante los siguientes 12 años, con base en cargos comunes y federales fabricados.

Entre 2001 y 2011 fue sometido a un régimen de destierro en la capital del país, con la prohibición judicial expresa de viajar a Puebla. Luego de concluir la sentencia Simitrio volvió a su estado natal. En diciembre de 2014 fue capturado por órdenes del entonces gobernador Rafael Moreno Valle, acusado de un supuesto despojo de tierras en la vecina ciudad de Tlaxcala, y mantenido en la cárcel hasta marzo del presente año, cuando le fue concedido el arresto domicilario en razón de su estado de salud.

La saña oficial contra Simitrio es ilustrativa de la criminalización que han padecido su esposa, Rita Amador, indiciada en varios procesos penales, sus hijos –dos de los cuales, Atl Rubén y Xihuel– enfrentan cargos fabricados de narcomenudeo, y el conjunto de la UPVA, muchos de cuyos miembros han sido encarcelados. Ese encarnizamiento, que se ha extendido durante seis sexenios y otras tantas gubernaturas poblanas, desde la de Mariano Piña Olaya hasta la de Antonio Gali, se explica por la capacidad de la UPVA de resistir a proyectos de remodelación urbana impulsados por la especulación inmobiliaria y a la solidaridad de esa organización con otras resistencias sociales y populares del estado, como la que se desarrolló en San Pedro y San Andrés Cholula contra los proyectos mercantiles y depredadores impulsados por Moreno Valle en detrimento del sitio arqueológico y de la calidad de vida de los habitantes.

Aunque la raíz política de esa persecución es inocultable, las autoridades estatales han elaborado en todo momento imputaciones por supuestos delitos del orden común o federal para justificarla. Han contado, para ello, con la colaboración de diversos opinadores y medios informativos dispuestos a presentar a la UPVA y a la familia de su principal dirigente como una organización mafiosa, dedicada al tráfico de estupefacientes y otras actividades ilícitas.

No debe pasarse por alto que los agresores de Meztli Sarabia Reyna y de Alfredo Barrientos hicieron algo muy parecido el pasado 29 de junio: dejar en el lugar del crimen una difamación escrita.

En tal circunstancia, resulta inevitable que la sombra de la sospecha se cierna sobre las autoridades poblanas; éstas tienen dos maneras concretas de disiparla: por un lado, esclarecer en forma puntual, transparente, verosímil y apegada a derecho, el asesinato de la hija de Simitrio y el ataque a su colega, y por el otro, poner fin de manera inmediata al hostigamiento, la criminalización y la represión de que ha sido objeto, por décadas, la UPVA 28 de Octubre.