Madrid.

La vía para la independencia de Cataluña del Estado español ya está abierta. Los partidos en favor de la secesión, la plataforma Junts pel Sí y la Candidatura de Unidad Popular (CUP), presentaron ayer en el Parlamento regional la llamada Ley de referendo, con la que darán cobertura legal a la consulta ciudadana para decidir el futuro de la región y al proceso de autoproclamación de la independencia en caso de que la votación sea favorable.

El calendario establecido por los partidos en favor de la independencia se va cumpliendo por fases, con lo que la presentación ante el Parlamento regional de esa normativa supone un paso crucial en el camino a la secesión.

La votación del referendo también ya tiene fecha: primero de octubre, pese a que hay numerosos puntos legales por resolver y conflictos administrativos y jurídicos entre la administración catalana y el gobierno español.

Esta es la ley más importante que se tramitará en esta sede democrática y es la más importante, porque pone en manos de los ciudadanos el futuro del país, señaló Jordi Turull, diputado de Junts pel Sí –que congrega a Convergencia Democrática de Cataluña, actualmente sin actividad, y a Esquerra Republicana de Catalunya–, quien fue el responsable de presentar el marco legal que abre la vía para la independencia.

El diputado catalán reconoció que se trata de una ley para un régimen excepcional, ya que regulará un referendo en tan sólo cuatro meses y desarrollará su aprobación o rechazo con un marco legal que establece los criterios a seguir en ambos casos.

El texto prevé que si gana el sí, se declarará la independencia de inmediato y en un máximo de dos días tras el recuento se abrirá el proceso constituyente de la futura república catalana. En cuanto a los detalles técnicos, el texto destaca la creación de un censo que no requerirá de autorización previa de los ciudadanos para inscribirse.

En el documento, que se votará en agosto próximo, se incluye un preámbulo que establece que la invocación del derecho de autodeterminación está amparado en las instituciones internacionales, como la Organización de Naciones Unidas y el Tribunal de la Haya, conscientes de que la Constitución española y los órganos jurídicos del Estado español hasta ahora han impedido la celebración de la votación por supuesta ilegalidad.

En caso de que la independencia sea rechazada, los diputados independentistas reconocieron que entonces tendrían que convocar a elecciones autonómicas.

En respuesta, el gobierno español, del derechista Mariano Rajoy, advirtió, en voz de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, que las fuerzas armadas están para defender la integridad del país.