Caracas.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela celebró este martes una audiencia sobre un antejuicio de mérito en contra de la fiscal general, Luisa Ortega, por cometer faltas graves en el ejercicio de sus funciones y adelantó que en cinco días se decidirá si la funcionaria es procesada.

La audiencia era para conocer los alegatos de las partes, pero Ortega rechazó asistir a la sesión luego desmarcarse del gobierno y criticar sus medidas ante la ola de protestas opositoras.

El presidente del TSJ, Maikel Moreno, dijo al iniciar la audiencia que las responsabilidades de la fiscal son de orden ético y moral, y dio paso a los argumentos de los acusadores.

Ante los magistrados, el diputado oficialista Pedro Carreño argumentó su solicitud de antejuicio de mérito contra la fiscal, al acusarla de mentir por afirmar que no avaló la elección de 33 magistrados hecha en 2015 por el anterior Parlamento de mayoría chavista.

Ella le vendió el alma al diablo. Tuvo precio. Le pasó, como traidora, lo mismo que a Judas, a quien lo compraron por 30 monedas de plata, expresó Carreño durante la sesión, en la cual participaron el defensor del Pueblo, Tarek William Saab; el contralor general, Manuel Galindo, y el defensor público Javier Hernández.

Carreño incluso pidió al TSJ evaluar la salud mental de Ortega, luego de que la semana pasada logró que el máximo tribunal le prohibiera salir del país y congelara sus cuentas y bienes.

La fiscal fue acusada ante el TSJ tras expresar su rotundo rechazo a una Asamblea Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro. Me acusan de atacar las decisiones del mandatario, de llamar a una Constituyente. Sí lo hice y lo seguiré haciendo, porque esa convocatoria viola la Constitución, aseveró.

Ortega rechazó acudir a la audiencia, al calificar al TSJ de inconstitucional e ilegítimo. Reconoció que la decisión de su enjuiciamiento y destitución ya está cantada, pero sostuvo que no los reconocerá.

No acudí, no voy a convalidar un circo que teñirá nuestra historia con vergüenza y dolor, cuya decisión está cantada, anunció ante la prensa en el Ministerio Público la autoproclamada chavista y ahora una de las mayores adversarias de Maduro.

Ante la ausencia de la fiscal, la sala plena del TSJ celebró una audiencia de casi tres horas y se acordó tomar cinco días para determinar si Ortega cometió faltas graves para su remoción.

No he cometido delitos ni faltas, y no me someteré a este tribunal inconstitucional e ilegítimo, sentenció la fiscal, quien aseguró que buscan callarla para que no siga diciendo verdades como que en Venezuela hay una ruptura del orden constitucional.

Para la fiscal esto es un golpe de Estado más grotesco que el de Pedro Carmona, al aludir al intento golpista que sacó del poder por 48 horas en 2002 al presidente Hugo Chávez y que fue atribuido a ese empresario.

Posible, que sea destituida

Sin embargo, señaló la posibilidad de que sea retirada del cargo en las próximas horas. La decisión de remover a la fiscal corresponde sólo al Parlamento, pero sus decisiones son desconocidas por el TSJ, que lo considera en desacato desde que la oposición asumió su control en enero de 2016.

Apoyada por los chavistas críticos de Maduro, Ortega se convirtió en la voz más dura contra el presidente al hacerlo responsable de romper el orden constitucional a través de fallos del TSJ que socavaron al Parlamento.

En su declaración, Ortega lamentó que tres meses de protestas contra el gobierno hayan dejado más de 90 víctimas mortales y denunció los obstáculos que ha tenido la fiscalía para investigar los hechos, especialmente cuando son transferidos a la justicia militar.

En un acto previo, la Sala Constitucional del TSJ declaró nula la designación del vicefiscal Rafael González y designó para el cargo a la defensora pública Katerine Nayarith Harrington, quien es una de los siete funcionarios del gobierno que fueron sancionados por Estados Unidos en 2015 por presuntas violaciones a los derechos humanos, pero quien sustituiría a Ortega si es destituida.

La oposición, que realizó nuevas manifestaciones en Caracas y en otras ciudades del país, reiteró su apoyo a Ortega y tildó de usurpadora a la vicefiscal. En cualquier país donde exista siquiera un atisbo de justicia, en vez de ser vicefiscal estaría presa por hampona, dijo el diputado opositor Henry Ramos Allup.

La fiscalía confirmó la muerte de un hombre de 25 años durante una manifestación en la localidad de Táriba, en el estado de Táchira, con lo que suman 91 los fallecidos desde que se iniciaron las protestas, el primero de abril pasado.