A lo largo del año pasado la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) no estableció su objetivo y misión para contribuir al desarrollo urbano y el ordenamiento del territorio en el país, aseguró la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su informe individual sobre la fiscalización a la cuenta pública 2016.

La citada dependencia, dirigida por Rosario Robles Berlanga, recibió 897 millones de pesos para elaborar la política de desarrollo urbano en México. Los funcionarios sobrepasaron el gasto asignado por el Congreso federal, hasta alcanzar mil 802 millones, sin acreditar para qué los utilizó.

Careció de elementos para evaluar en qué medida avanzó en la conducción de una política de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, refiere el órgano fiscalizador.

Las consecuencias sociales de esa anomalía, dicta el informe, implican un riesgo de que las ciudades muestren patrones socialmente excluyentes de crecimiento desordenado de la mancha urbana, que incidan desfavorablemente en la vida de sus habitantes.

Apenas el pasado 6 de junio la ASF emitió su dictamen en torno al gasto en el rubro concerniente a elaborar una política de desarrollo territorial y urbano. Esto obedecía a que la planeación nacional 2013-2018 establece la disparidad entre el crecimiento del territorio urbano y la tendencia de incremento poblacional, ya que mientras la población urbana se duplicó durante los pasados treinta años, la superficie urbana se multiplicó por seis.

Incluso los argumentos de esa dependencia aceptaban al inicio del año pasado –razón por la cual se le concedió un altísimo presupuesto para que elaborara una política estrategica en la materia– que persiste una inadecudada conducción de la política de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio, debido al diseño inadecuado de la planeación estratégica de la política, la desactualización de la normativa en la materia, la baja coordinación con los tres órdenes de gobierno para la implementación de la política y el inadecuado seguimento de la gestión.

El Congreso pretendió mitigar con una cifra de 897 millones de pesos la carencia de una política en la materia –la elaboración de los lineamientos y normas–, y la realidad desembocó en un problema grave, pues los resultados mostraron que en 2016 la Sedatu ejerció mil 802 millones de pesos en el programa presupuestario P005, con el fin de que esta dependencia conduzca la política de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio, mediante la planeación, coordianción, seguimiento y evaluación de la política.

Los resultados de la revisión en 2106 advierten que la Sedatu ejerció mil 802 millones de pesos en el P005, lo que significó 100.7 por ciento más que los 897 millones presupuestados, debido a las ampliaciones al gasto autorizadas por la Secretaría de Hacienda.

Sin embargo, no acreditó que se erogarían esos recursos para el cumplimiento de los objetivos y metas del programa, ni contó con registros auxiliares que mostraran los avances presupuestarios y contables para realizar el seguimiento y la evaluación del ejercicio del gasto.

La conclusión del órgano fiscalizador revela lo siguiente: En opinión de la ASF, en 2016 persistió el problema de la inadecuada conducción de la política de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio, ya que la Sedatu no estableció las bases para la conducción de la política, a fin de atender los problemas del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano, ya que con el ejercicio presupuestal de los mil 802 millones de pesos, no fue eficiente en la atención de las causas de la inadecuada planeación, coordinación y seguimiento, ya que no evidenció la constitución de una instancia sectorial de planeación.