El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) rechazó ayer realizar un exhorto al gobierno federal, y en particular al presidente Enrique Peña Nieto, para que informe sobre el presunto espionaje registrado contra periodistas y defensores de derechos humanos.

La medida se adoptó en la segunda sesión ordinaria del organismo, con una votación de cinco en contra y uno en favor.

Entre los integrantes del comité que votaron en contra estuvo Arely Gómez, secretaria de la Función Pública y ex procuradora general de la República, quien desde ese puesto habría conocido la información relacionada con el software utilizado para infiltrar los teléfonos celulares de comunicadores y activistas.

Para argumentar su rechazo a la petición de información, Alfonso Pérez Daza, integrante del Consejo de la Judicatura Federal, puntualizó que la Ley General del Sistema Anticorrupción establece que el primer requisito para solicitar este tipo de datos es que se trate de un hecho en materia de corrupción.

El segundo es tener un caso concreto, con evidencias o instrumentado por la autoridad competente.

Nada sin orden judicial

Carlos Chaurand Arzate, presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, reprobó las intervenciones telefónicas sin la debida orden judicial, no solamente realizadas por el Estado, sino por cualquier persona, pero explicó que no se cumple el requisito básico normativo para poder emitir un llamado de esta naturaleza.

En todo caso, las autoridades competentes podrán, a través de los mecanismos legales, hacer las investigaciones correspondientes para ver si efectivamente el ilícito de intervención telefónica o de comunicaciones se dio, subrayó en una de las salas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), donde se efectuó la sesión.

Salvo Jacqueline Peschard, presidenta del Comité Coordinador, todos los integrantes de este organismo votaron en contra del exhorto para que el Ejecutivo federal presente información sobre el tema.

En entrevista, explicó que el comité ciudadano del SNA presentó la propuesta de realizar el llamado, ante la posibilidad de que pudiera haber desviación de recursos públicos en la adquisición de un software que se compró para un fin y se utilizó para otro, esto es, que se que se haya registrado un hecho de corrupción. También por la probabilidad de que se haya presentado un ejercicio ilícito del servicio público.

Durante la sesión de ayer, en la que además de Arely Gómez estuvieron Juan Manuel Portal, auditor superior de la Federación, y el presidente del Inai, Francisco Javier Acuña, se acordó por otra parte que hasta que se aprueben los formatos para la publicación de las declaraciones patrimoniales, los distintos servidores públicos podrán cumplir con este requisito de la nueva Ley General de Responsabilidades, que entra en vigor a partir del 19 de este mes.