a madrugada de ayer un grupo delictivo mató a tres personas y levantó a otras cuatro en la localidad poblana de Huehuetlán el Grande. De acuerdo con testimonios de pobladores, dos de las víctimas mortales eran comerciantes que se negaron a pagar el derecho de piso que exigían los delincuentes y la tercera, el comandante de la policía municipal. Según los vecinos, los presuntos responsables de los crímenes serían seis hermanos oriundos de Huehuetlán que se han dedicado al robo de hidrocarburos de ductos de Pemex y que en fechas recientes empezaron a extorsionar a los habitantes. Esa banda criminal sería, a decir de los testimonios, la que en agosto pasado asesinó al presidente municipal, José Santamaría Zavala.

Los hechos de violencia referidos se suman a episodios no menos cruentos ocurridos en días pasados en diversos puntos del territorio nacional y a sucesos recientes que confirman la presencia de bandas de huachicoleros en Hidalgo, Sonora, Veracruz y otras entidades. Pero fue en la misma Puebla, en la localidad de Palmarito, donde el pasado 4 de mayo se puso en evidencia la gravedad del delito de robo y comercio de combustibles, cuando tuvo lugar un enfrentamiento entre soldados y civiles que dejó un saldo de 10 muertos y 12 heridos. En los dos meses transcurridos desde entonces no parece que las autoridades hayan avanzado en el combate a estas actividades ilícitas; por el contrario, el negocio del huachicol se extiende por el país, ya no como una serie de sucesos anecdóticos y aislados, sino como lo que parece ser un rubro delictivo de gran escala y organización.

Debe considerarse que en el terreno de la ordeña de los ductos de Pemex, las autoridades cuentan con un amplio instrumental amplio y variado para prevenir el delito, identificar a sus responsables, capturarlos, fincarles cargos y desmantelar y desarmar a los grupos dedicados a este ilícito: desde los sistemas de medición volumétrica y de presión con que cuenta la empresa petrolera propietaria de los ductos, que deberían permitir la detección de cualquier perforación y pérdida significativa, pasando por la vigilancia aérea de los tramos más expuestos al saqueo, hasta el control de los sitios de venta del combustible sustraído. Asimismo, los sistemas de verificación contable deberían permitir la rápida localización de compras de grandes volúmenes de gasolinas robadas de clientes corporativos, como gasolineras.

En otros términos, a diferencia de lo que ocurre con la producción y el trasiego de drogas prohibidas, en el caso del huachicol las autoridades tienen elementos tanto en los puntos de origen como en los de destino de los combustibles, y en tal circunstancia, la erradicación o la reducción significativa de esa actividad delictiva debería ser menos ardua y cruenta que el combate al narcotráfico. Es necesario que se empeñe en ello una voluntad política definida, antes de que la extracción y el trasiego de combustibles robados pudra el tejido social de regiones enteras, tal y como lo ha hecho el comercio de estupefacientes. Cabe esperar que no sea demasiado tarde.