l cardenal australiano George Pell, encargado del presupuesto y las finanzas del Vaticano y considerado el tercer hombre más importante en la jerarquía de la Iglesia católica, fue acusado de múltiples casos de abuso sexual que habrían sido cometidos entre 1976 y 2001 en su país de origen. De acuerdo con la policía del estado de Victoria, ninguno delos señalamientos contra el purpurado,de 76 años ha sido probado ante un juzgado, pero deberá comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Melbourne el 18 de julio. Pell ya respondió de manera voluntaria al interrogatorio de tres oficiales australianos que viajaron a Roma en octubre de 2016, ocasión en que negó de manera tajante todas las acusaciones.
Las denuncias contra el cardenal Pell representan un desafío para la credibilidad del pontificado de Francisco en sus intentos por desmarcarse de la política de silencio y de uso del poder del Vaticano para mantener en la impunidad a los sacerdotes abusadores, males que caracterizaron a sus antecesores al frente del catolicismo. Cabe recordar que el pasado 28 de diciembre el Papa argentino envió una carta a los obispos de todo el mundo en la cual les solicita sumarse a una política de tolerancia cero hacia los clérigos que abusan sexualmente de niños, así como a tomar todas las medidas necesarias
para evitar la repetición de estos crímenes.
Después del perverso pontificado del polaco Karol Wojtyla y de la incontrolable sucesión de escándalos que marcó el periodo del papa emérito Benedicto XVI –ambos identificados con el ala más conservadora de la curia–, Jorge Mario Bergoglio debe dejar claro, con hechos, que la institución que preside ha emprendido una auténtica transformación. En este sentido, el alto cargo del prelado australiano ofrece una oportunidad inmejorable para demostrar la seriedad de las pretensiones de cambio en el manejo eclesiástico de estas delicadas situaciones.
Lo incuestionable es que, más allá del cuidado de su imagen y de sus procesos internos, la Iglesia católica está obligada a cesar de manera efectiva cualquier protección a sus miembros que incurren en estas prácticas inadmisibles sin importar la jerarquía de los criminales, a denunciar públicamente los casos que sean de su conocimiento y a facilitar el ejercicio de la justicia en todas las jurisdicciones donde se presenten acusaciones de esta índole.
Por último, es necesario remarcar que las fallas por comisión u omisión en el combate a la pederastia sacerdotal no sólo constituyen una causa de desprestigio y alejamiento de la sociedad, sino que se traducen asimismo en nuevas faltas legales susceptibles de sanción.
