La reinserción social en México es prácticamente nula, pues el actual esquema no funciona. El dato más revelador es que 60 por ciento de las personas que han obtenido su libertad tras cumplir sentencias condenatorias han vuelto a cometer algún delito, muchos de ellos ante la falta de oportunidades laborales que enfrentan los ex presidiarios.

Especialistas y funcionarios gubernamentales participaron en el foro Inserción laboral de personas con antecedentes penales: Miradas y desafíos desde una perspectiva de género y de derechos humanos, que se realizó ayer en el Museo Memoria y Tolerancia y fue organizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

En ese espacio, el representante en México de esa oficina de la ONU, Antonio Luigi Mazzitelli, aseveró que si no hay trabajo, no puede haber reinserción social. Llamó a implementar un análisis sobre las oportunidades y condiciones reales para que las personas puedan tener una completa incorporación a la sociedad.

Sin embargo, el estigma que aún existe en el país –particularmente en el área laboral– contra las personas que estuvieron en prisión es uno de los principales impedimentos para que puedan retomar sus vidas lejos de actividades delictivas. Sobre la desigualdad de género al interior del sistema penitenciario, enfatizó que la administración de éste y las prisiones son diseñados por hombres, por lo que a las mujeres se les invisibiliza o enfrentan acciones que reproducen estereotipos masculinos.

Del total de cárceles en el país (365), dijo, sólo 14 son exclusivamente para mujeres, por lo que poco más de 60 por ciento de las reclusas en México purgan sus condenas en centros penitenciarios mixtos, donde comparten espacios con hombres.

María Sirvent, coordinadora institucional de Documenta AC, consideró que una adecuada reinserción representa menos criminalidad y mayor promoción de los derechos humanos. Indicó que el mayor obstáculo para quienes salen de prisión es la estigmatización y discriminación que enfrentan.

Ignacio Rubí, subsecretario de Previsión Social de la Secretaría del Trabajo, dijo que en el país existen alrededor de 210 mil personas presas, y de éstas 5 por ciento son mujeres. Subrayó que el tema de la reinserción debe constituir una prioridad del país en el sentido de la seguridad pública.

Lamentó que ésta no funcione y convocó a emprender programas y estrategias distintas, a fin de hacer que la incorporación al mercado laboral de los ex detenidos sea una realidad. Datos presentados por integrantes de Documenta AC indican que las capacitaciones que se dan en las cárceles del país no son del todo apegadas a un desarrollo profesional al salir de éstas.

A los hombres se les capacita en computación, inglés, mecánica o electricidad, mientras que en la formación de las mujeres hay estigmas de género, pues se les brinda administración, aplicación de uñas, confitería, diamantina, costura o repujado.