En los penales de Guerrero persiste el riesgo de tortura, malos tratos, la falta de presupuesto para alimentación de los internos, carencia de áreas exclusivas para mujeres, inexistentes programas de prevención y atención a hechos violentos, malas condiciones de higiene e insuficiencia de espacios para dormir. Las anteriores son algunas deficiencias que presentan 12 centros penitenciarios de varios municipios de la entidad.

El informe de seguimiento a los espacios de reclusión del estado, realizado por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), dependiente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), resalta que las autoridades municipales sólo han atendido una tercera parte de las situaciones de riesgo que se habían detectado con anterioridad por esa instancia de prevención de la tortura. Directivos de la CNDH informaron que no se cuenta con un número exacto de los internos en estos penales del estado, pues la población ‘‘es flotante’’.

Otras fallas que propician la violación de garantías en estos centros carcelarios son que al no haber áreas exclusivas para mujeres, ellas son alojadas en alguna celda disponible; faltan reglamentos internos, manuales de procedimiento y libros de gobierno, por lo que el registro de detenidos es deficiente.

Asimismo, las instalaciones están en malas condiciones; las celdas carecen de planchas para dormir; el personal no tiene capacitación en materia de derechos humanos y prevención de la tortura; la supervisión es deficiente; no hay privacidad en la comunicación telefónica de las personas privadas de la libertad, y se carece de modificaciones o adaptaciones para internos con discapacidad física.

Estas conclusiones son resultado de la visita que se hizo a los centros penitenciarios en marzo pasado, como parte del informe de seguimiento, con el cual se abona al primer informe dado a conocer en 2016, en el que se alertó sobre 150 situaciones de riesgo que se observaron entonces.

Con este trabajo de seguimiento se constató que en la entidad persisten 114 situaciones que constituyen factores riesgosos en 12 lugares de detención e internamiento que dependen de las áreas de seguridad pública de los municipios de Acapulco de Juárez, Atenango del Río, Buenavista de Cuéllar, Chilapa de Álvarez, Chilpancingo de los Bravo, Coyuca de Benítez, Huitzuco de los Figueroa, Mochitlán, San Marcos, Taxco de Alarcón, Tepecoacuilco de Trujano y Tixtla en el estado de Guerrero.

El personal del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura añadió 16 observaciones al ampliar la supervisión en el área de detención a cargo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de la ciudad de Iguala. Esto es, se añadió en el análisis –de las observaciones hechas con anterioridad– que las autoridades sólo han atendido 34 y dos cuentan con avances encaminados a su cumplimiento.

Los recorridos de los expertos del mecanismo se dieron con el apoyo de personal de la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero, a fin de constatar el trato y las condiciones de las personas privadas de la libertad en las áreas de seguridad pública, destinados a la aplicación de sanciones administrativas de arresto, bajo la competencia de los ayuntamientos analizados.

‘‘Parte fundamental de estas visitas fue la revisión de las condiciones de estancia y evaluar su correspondencia con los derechos fundamentales para los internos, considerando el trato humano y digno, la legalidad, la seguridad jurídica, la protección de la salud y la integridad personal’’.

El informe se puede consultar en la página del organismo nacional.