El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal, fustigó a los gobiernos estatales y a los partidos políticos que no respetan la autonomía de los órganos superiores de fiscalización y provocan la sujeción o actos de corrupción de los auditores, como el ocurrido recientemente en San Luis Potosí.

Desafortunadamente hemos conocido a través de medios nacionales sobre casos en que se han dado indicios sobre la sujeción de auditores superior estatales a los intereses del titular del Poder Ejecutivo, o la injerencia partidista, los cuales han devenido en posibles actos de corrupción, expresó.

Exigió que los gobiernos no limiten la independencia de estos órganos, porque ésta representa una base de gobernanza, un elemento generador de confianza y, por así decirlo, un blindaje institucional contra posteriores acusaciones de irregularidades con objetivos políticos.

En la primera reunión plenaria del Sistema Nacional de Fiscalización, Portal aludió al escándalo ocurrido recientemente en San Luis Potosí, donde renunció el titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), José de Jesús Martínez Loredo, al descubrirse que se buscó extorsionar a un alcalde mediante el uso de las auditorías a los municipios.

Después, en entrevista, consideró que el ex auditor tuvo una pésima actuación. No ha aclarado nada. Simplemente renunció y había poca participación de él en nuestras reuniones.

Porcentaje a cambio de aclarar cuentas

En un video difundido por el diario local Pulso, el diputado panista Enrique Flores Flores explica al alcalde de Ébano, Crispín Ordaz, cómo él y otros legisladores de PRI, PVEM y PRD, en colusión con la ASE, piden a los ediles, en cuyas cuentas hay irregularidades, entre 10 y 20 por ciento de los montos que dicho órgano solicita aclarar, a cambio de limpiar todo el cagadero.

Portal se quejó de que algunos gobiernos estatales limitan la independencia de los auditores. No los dejan decidir estructura o uso de recursos. Algunos congresos estales les dan recursos a cuentagotas, no les autorizan contrataciones o les imponen servidores públicos en sus estructuras. Eso ocurre en San Luis Potosí y otros estados.

Previamente, la titular de la Secretaría de la Función Pública, Arely Gómez, reconoció que el Sistema Nacional de Fiscalización enfrenta riesgos, como la inconsistencia del marco legal entre las legislaciones federal y las estatales.

Mencionó que también hay riesgos técnicos y operativos para la debida implementación de la plataforma digital del sistema –donde se harán denuncias contra la corrupción–, así como insuficiencia financiera o falta de profesionalización en los diferentes niveles de gobierno.