México y Estados Unidos dialogarán en tribunales italianos para que se apruebe un acuerdo mediante el cual Tomás Yarrington Ruvalcaba, ex gobernador de Tamaulipas, sea trasladado a territorio mexicano una vez que tenga sentencia definitiva en territorio estadunidense y no hasta que cumpla sus condenas.

Funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional indicaron que el gobierno mexicano –al igual que Estados Unidos– ya entregó la solicitud formal de extradición de Yarrington Ruvalcaba para que sea analizada por los tribunales de Italia, donde el ex mandatario tamaulipeco fue detenido el pasado 9 de abril.

Ambas peticiones fueron turnadas al mismo tribunal, lo que podría generar un conflicto jurídico que alargaría la entrega del ex gobernador de Tamaulipas, quien enfrenta acusaciones por operaciones con recursos de procedencia ilícita y colaboración para el tráfico de drogas, por ello, explicaron las fuentes consultadas, los representantes de ambos países pueden llegar a un acuerdo en la forma en que se juzgará y mantendrá en prisión a Yarrington.

Las fuentes consultadas refirieron que la posición mexicana y que ya ha sido dialogada con las autoridades de Estados Unidos, consiste en que Tomás Yarrington sea juzgado primero en ese país y una vez que concluyan los juicios sea trasladado a México de manera inmediata para enfrentar la orden de aprehensión que existe en su contra y que fue librada por un juez federal en el estado de Tamaulipas.

La fiscalía italiana, de acuerdo con información de la agencia Afp, se pronunció ya en favor de la extradición de Tomás Yarrington, y se confirmó con ello lo señalado por funcionarios mexicanos, en el sentido de que expondrán ante el Tribunal de Apelación que ya han llegado a un acuerdo para que el político mexicano sea juzgado inicialmente por Estados Unidos.

Así, de esa manera, Yarrington, de 60 años de edad, enfrentará en Estados Unidos juicios por los cuales podría ser sancionado con dos cadenas perpetuas y 90 años de cárcel, mientras que en México alcanzaría una pena de hasta 20 años.

En territorio nacional, el ex gobernador priísta está acusado de recibir sobornos de los cárteles del Golfo y Los Zetas, así como de realizar operaciones de lavado de dinero y ordenar la compraventa de bienes inmuebles tanto en México como en Estados Unidos.