Hay gobiernos y fiscalías estatales con subejercicio en cuanto a la aplicación de recursos destinados a capacitación, equipamiento e inversiones para el fortalecimiento de las unidades especializadas de combate al secuestro, señaló la coordinadora nacional para combatir ese delito, Patricia Bugarín, al participar en el foro El secuestro en México, diálogos para su combate y prevención.

Asimismo, en el acto organizado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), Gualberto Ramírez, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Secuestro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), criticó la legislación que permite que personas detenidas con armas de fuego de alto calibre, como AK 47 y Barret .50, puedan recuperar su libertad tras ser presentados a un juez porque el nuevo sistema penal no especifica la prisión preventiva obligatoria para estos casos y aseguró que hay delincuentes que han sido detenidos en varias ocasiones por esta razón y formar parte de grupos delictivos dedicados al secuestro.

En ese contexto, Patricia Bugarín señaló ante la detección de actos de subejercicio: se está dando mayor seguimiento a los recursos que se han entregado a los gobiernos estatales y ahora se está promoviendo una política en la que se observa que el dinero se aplique para lo que se acordó, porque si no se gasta en lo pactado o se guarda, entonces las autoridades estatales tienen que regresar los recursos.

Hoy implica un verdadero reto para todos los estados para que cumplan con los proyectos, y que demuestren que cumplieron las metas, además de que el gasto se haga. Aunque hemos encontrado casos en los que no se ejerció a tiempo, en los que no se logra hacer una inversión por equis razones, los estados tendrán que verificarlo, pero nosotros sí estamos haciendo seguimiento de dónde están los recursos.

En tanto, el fiscal federal Gualberto Ramírez Gutiérrez destacó que el trabajo de la unidad a su cargo ha detenido a 260 secuestradores en el año reciente, asimismo ha obtenido 156 órdenes de aprehensión y se han solicitado 985 intervenciones de comunicaciones privadas que han permitido desarticular a bandas de plagiarios.

Señaló que hay situaciones en los que se requiere que se amplíe la ley los casos en los que aplique la prisión de manera oficiosa, ya que, agregó, hay casos en los que personas que son detenidas en posesión de armas son dejadas en libertad procesal y ya no regresan a sus audiencias, para luego nuevamente son aprehendidas con armas, y otra vez se presenta el mismo caso de libertad, porque en el nuevo sistema de justicia penal este delito no está considerada la prisión oficiosa y ello repercute en que detenidos vuelvan a delinquir.