Debido a movimientos administrativos ordenados en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la compra de vacunas de la Secretaría de Salud (Ssa) se ha retrasado este año. Apenas la semana pasada se adquirieron las dosis de la vacuna pentavalente. En las próximas semanas se concretará la adquisición de otros cinco biológicos y está pendiente la licitación para adquirir la preventiva de tétanos, difteria y tosferina (TDPA).

Hasta ahora se mantiene el abasto de biológicos en el país, porque las necesidades han sido cubiertas con préstamos que han hecho los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).

Cada año, la adquisición de las vacunas en la Ssa, por conducto del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia), se efectúa con dinero de dos fondos: del ramo 12 federal para sarampión y rubéola (SR), hepatitis B, neumococo de 23 serotipos, tuberculosis, y TDPA. Del anexo 4 del Seguro Popular se obtiene financiamiento para adquirir neumococo de 13 serotipos, virus de papiloma humano y rotavirus. Los remanentes de ambas bolsas se han utilizado para comprar las vacunas contra influenza de invierno.

En este año, los procesos de adquisición se retrasaron porque el dinero del ramo 12 está aparentemente comprometido para cumplir con las obligaciones de un convenio entre Censia y el laboratorio paraestatal Biológicos y Reactivos de México (Birmex), al que se le comprarían las vacunas contra influenza y pentavalente.

Birmex a su vez, estaría dando cumplimiento a un acuerdo de asociación público-privada con el laboratorio farmacéutico Sanofi. El problema es que esta asociación no se ha puesto en marcha y, por tanto, el dinero no se puede ejercer.

Por eso, Censia buscó otra fuente de financiamiento y la tuvo a partir de convenios aceptados por los gobiernos de los estados para ceder a Censia parte de su presupuesto proveniente del Seguro Popular. Así es como se han empezado a realizar las adquisiciones.

Sólo en 2016, la compra de las vacunas mencionadas implicó una inversión de más de 3 mil 250 millones de pesos.

En tanto, ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Ley General de Salud, la cual establece, entre otros, la obligación de la Cámara de Diputados para asignar a la Ssa los recursos económicos suficientes para garantizar la compra de vacunas. Esto supondría terminar con las maniobras administrativas que cada año se han efectuado para comprar la vacuna contra influenza.

La reforma incluye la adición de un nuevo capítulo a la ley, II bis, en el que se determina que las instituciones de salud están obligadas a aplicar los biológicos a las personas, con independencia de si son o no derechohabientes o afiliados. Además, fija sanción de uno a nueve años de prisión y una multa de cien a mil veces la unidad de medida y actualización, a quien dentro de alguna institución cobre por la aplicación de vacunas, así como a quien las venda.