Sin pena ni gloria, el Canal Judicial cumplió 11 años de existencia. A pesar de contar con un presupuesto anual superior a 40 millones de pesos y recursos técnicos y humanos capaces, la señal no se ha consolidado como una alternativa para difundir la cultura jurídica en el país, tampoco para dar a conocer el quehacer cotidiano de los juzgados, tribunales y de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Después de más de dos años, tampoco ha cumplido su promesa de que sería trasmitido por señal abierta. En cambio, en el mismo lapso mantiene una loza por el impacto negativo que le causaron las quejas por acoso sexual y laboral durante la pasada administración, las cuales entraron a su etapa definitiva para deslindar responsabilidades.

Trabajadores consultados destacaron que lo único rescatable es la posibilidad de ver en vivo las sesiones del pleno –en lo que dicho canal es pionero a escala mundial–, el resto de la programación la conforman series extranjeras –que poco o nada tienen que ver con el quehacer jurisdiccional y que en los pasados cuatro años representaron más de 190 mil dólares (unos 3 millones 420 mil pesos).

Los casi 40 millones de pesos de presupuesto no incluyen el costo de la nómina de trabajadores, ya que este rubro está cubierto con los recursos de la SCJN; además, este año el canal recibirá partidas adicionales para la adquisición de bienes y equipo de alta especialidad con el fin de profundizar el alcance de contenidos jurídicos y acciones formativas entre los operadores del sistema de impartición de justicia y la sociedad y para las transmisiones por aire y satelital.

Ante la cantidad de recursos materiales a su disposición, llamó la atención que el pasado miércoles el Canal Judicial no transmitiera la entrega de los premios Género y Justicia 2016, encabezados por el ministro presidente Luis María Aguilar Morales, en la sede del máximo tribunal. A pesar de la trascendencia del acto, en el que la Corte galardonó trabajos periodísticos sobre un tema que –afirmó– es fundamental.

El colmo fue, indicaron los trabajadores, que en el centenario de la Constitución, la dirección del canal, a cargo de Magdalena Acosta, contrató cuatro empresas productoras (Producciones Volcán, Bravo Films AC, Arte y Cultura en Movimiento y Aeroplano Films) para la realización de ocho documentales relativos al acontecimiento con un costo de más de 3 millones de pesos.

En este caso, el canal hizo a un lado a periodistas y productores propios que –aseguraron– tienen la experiencia y la capacidad para realizar ese tipo de material.

Por otra parte, resaltaron, los programas se han convertido en cotos de poder y lucimiento personal de ministros, jueces y magistrados, secretarios de Estudio y Cuenta, representantes de barras de abogados, del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) y de organizaciones de derechos humanos con poca presencia nacional.

Lejos quedó la promesa hecha durante su último informe de labores en diciembre de 2014, por el entonces ministro presidente de la Suprema Corte, Juan N. Silva Meza, quien anunció que en breve iniciaría la transmisión por televisión abierta por conducto del Canal 30.5 en el Valle de México.

En febrero de 2015 –en medio del escándalo por las acusaciones laboral y sexual denunciadas en el interior del Canal Judicial, las cuales aún siguen en curso– se canceló intempestivamente el acto en el que se informaría la fecha en que iniciaría la transmisión abierta del Canal. Todavía hace unas semanas, en una gira de trabajo en España, Aguilar Morales anunció de nueva cuenta que el canal iniciará transmisiones por televisión abierta.

Hace días, se cumplió el 11 aniversario del inicio de transmisiones del Canal Judicial, que se cumplió el 26 de mayo pasado, la fecha pasó desapercibida.