El caso de Valeria, la niña de 11 años víctima de feminicidio en el transporte público de Nezahualcóyotl, estado de México, ‘‘vuelve a mostrar el impacto negativo de las prácticas institucionales que hacen ineficiente y tardía la Alerta Amber’’, señaló la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

En un comunicado, el organismo agregó que ‘‘en cientos de ocasiones se ha denunciado la misma negligencia en las autoridades ministeriales de esa entidad, quienes niegan la búsqueda inmediata y el inicio de averiguación previa con el argumento absurdo de esperar 48 o 72 horas ‘por si se fue por su propia voluntad’, y particularmente cuando se trata de niñas o mujeres adolescentes, donde arguyen: ‘se fue con el novio’’’.

De acuerdo con los datos disponibles, indicó, el Edomex es la entidad donde ocurre el mayor número de homicidios en contra de niñas y mujeres adolescentes, con una cuarta parte de los casos registrados entre 2013 y 2015. Asimismo, ‘‘aun cuando el promedio nacional es de 139 personas desaparecidas, el estado de México registra un total de 975 casos, de los cuales 70 por ciento corresponde a mujeres menores’’.

Ante esto, Redim exige ‘‘investigar y sancionar las omisiones por parte de las autoridades que negaron auxilio a la familia de Valeria y con ello se convirtieron en cómplices de su feminicidio’’, así como eliminar en todo el país ‘‘el absurdo administrativo de esperar 48 o 72 horas para iniciar la búsqueda y averiguación previa, por contravenir el derecho a la protección e integridad de niñas, niños y adolescentes’’.

Asimismo, contar con un protocolo especializado de búsqueda inmediata de menores desaparecidos en cualquier circunstancia. También hace un llamado a la Cámara de Diputados ‘‘para que apruebe a la brevedad, y sin cambios, la ley general de desapariciones, que contempla un capítulo específico sobre #NiñezDesaparecida, que permitirá el desarrollo de un protocolo específico de búsqueda inmediata con perspectiva de género’’.

Además, convoca a la Comisión Nacional de Seguridad, responsable frente al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, ‘‘a crear un grupo de trabajo sobre violencia machista y feminicidios que oriente la política pública de prevención y el acceso a la justicia’’.