La Secretaría de Obras y Servicios deberá entregar a la Asamblea Legislativa (ALDF) un informe de la línea 7 del Metrobús que contenga el proyecto ejecutivo, el estudio de impacto ambiental, las acciones de mitigación, las autorizaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia y las fianzas para reparar posibles daños al patrimonio de la ciudad.

En un exhorto de Morena aprobado por la Diputación Permanente –en el que originalmente se pedía la comparecencia del titular de la dependencia, Édgar Tungüí Rodríguez– se fijó un plazo de 10 días hábiles para entregar la documentación.

Al presentar el punto de acuerdo, el diputado Alfonso Suárez del Real rechazó que su partido esté en contra del proyecto, sino de que se actúe sin cumplir los procedimientos, como hacen las inmobiliarias voraces.

Esto, luego de que el vicecoordinador del PRD, Raúl Flores, acusó a Morena de no defender el transporte público como se hizo en la construcción de la línea 1 en la administración de Andrés Manuel López Obrador, e increpó que se armó un falso debate sobre afectaciones al patrimonio, como se pretendió con el Cetram Chapultepec, con la Fuente de Belén o los señalamientos de negocios detrás del proyecto, que retó a demostrar con hechos.

En San Lázaro alistan exhorto

En tanto, en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el diputado federal de Morena Emiliano Álvarez dijo que se promoverá un exhorto al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, para que publique las autorizaciones para la construcción de la línea 7, así como los estudios técnicos, de viabilidad y su justificación.

A la fecha, refirió el legislador, organizaciones vecinales rechazan de manera categórica el proyecto por considerar que no ayudará a mejorar la movilidad de los usuarios del transporte público sobre Paseo de la Reforma.

En la exposición de motivos del exhorto se advierte que incorporar el Metrobús a esa vialidad modificará el espacio físico y la visión sobre el monumento histórico que es ésta, “violentando la intangibilidad asegurada por la Ley General de Bienes Nacionales, adujo el legislador.