Con las recompensas que ofrece la Procuraduría General de la República (PGR) a quien proporcione información sobre los autores de los asesinatos de periodistas, pareciera que las investigaciones que han realizado sobre estos hechos ‘‘no son suficientes ni bastantes’’, advirtieron diversas organizaciones y centros de derechos humanos.

Además, señalaron que este tipo de acciones, que son muy comunes en los casos de personas desaparecidas –donde también ofrecen recompensas–, han demostrado permanentemente que son un método ineficaz. ‘‘No conozco ningún caso en donde por ese medio se haya encontrado a nadie que esté desaparecido’’, dijo Michael Chamberlain, del Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios.

En tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que ‘‘es bienvenido todo lo que vaya en función y ayuda para erradicar la impunidad y esclarecer los homicidios en contra de periodistas”.

Al fijar su postura sobre el tema de las recompensas anunciadas por la PGR, el organismo nacional aclaró que es muy importante que estas propuestas se hagan dentro de la ley.

Édgar Cortez, coordinador del Área de Seguridad Ciudadana y Justicia del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, dijo que la decisión de las recompensas no sólo da pie a pensar que los resultados de las investigaciones son insuficientes para esclarecer los hechos, sino también evidencia una desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones.

Explicó que ‘‘si la ciudadanía confiara y alguien tuviera información, pues esa confianza haría que se acercara y la diera a las autoridades sin que tuviera que mediar un incentivo económico. Entonces, para mí es otra evidencia de que lo que no has logrado construir como resultado de la calidad de tu trabajo, que sería precisamente esa confianza, pues la tienes que comprar en el sentido más literal de la palabra, es decir, pagar por eso’’.

En tanto, Chamberlain –quien trabaja con familiares de personas desaparecidas– recordó que el ofrecimiento de recompensas es muy común para este tipo de casos, también por un monto de millón y medio de pesos para quien brinde información a quien sepa del paradero de la víctima o de quienes la privaron de la libertad.

‘‘Pero en mi experiencia no es un método eficaz, y en realidad lo que hemos visto es que la procuraduría, y particularmente la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, carecen de protocolos eficientes de investigación en casos de agresiones en general a periodistas, no sólo de asesinatos’’, dijo Chamberlain, quien junto con Édgar Cortez formó parte del consejo consultivo del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas entre 2012 y 2016.

Desde su visión, lo que deberían estar haciendo la PGR y la Feadle es crear herramientas para la investigación, pues a pesar de que hay fiscalía en los hechos no hay ninguna especialización, y segundo, atacar las redes de corrupción que están detrás de las agresiones y asesinatos contra periodistas. ‘‘Eso sería mucho más eficiente que estar ofreciendo recompensas, que en los hechos no han demostrado que sean eficientes’’.