En los asesinatos de los corresponsales de La Jornada Miroslava Breach Velducea y Javier Valdez Cárdenas no hubo ningún registro de alerta en el monitoreo que lleva a cabo el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, pese a que ambos habían comunicado a distintas personas el riesgo que advertían, reconoció el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), Roberto Campa.

‘‘Ello nos obliga a ser mucho más eficaces con los trabajos de monitoreo y pedir la confianza de los periodistas a fin de que se acerquen al mecanismo’’ cuando consideren que están en peligro, recalcó el funcionario.

Anunció que, como parte del fortalecimiento de ese mecanismo, se crearán el próximo mes unidades estatales que habrán de emitir alertas tempranas para detectar a tiempo posibles agresiones. La protección a periodistas, dijo, es ‘‘un desafío extraordinario’’ que enfrenta el gobierno mexicano.

Al comparecer ante la primera comisión de la Permanente, conjuntamente con la responsable de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Sara Irene Herrerías Guerra, y el titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en contra de la Libertad de Expresión (Feadle), Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, Campa expuso que si bien la violencia contra periodistas proviene del crimen organizado, 40 por ciento de los casos ‘‘tienen que ver con agentes del Estado’’.

Insistió en que es necesario que los periodistas y sus medios confíen más en ese mecanismo, que ha dado resultados, ya que ninguno de los 536 informadores y defensores de derechos humanos que están bajo su resguardo han sufrido agresiones.

De los 47 periodistas asesinados en lo que va del sexenio, muchos habrían salvado la vida si hubieran atendido a las señales de alerta que se dieron, recalcó. Puso el ejemplo de Cecilio Pineda, reportero guerrerense a quien Gobernación insistió para que se acogiera al mecanismo y saliera de Ciudad Altamirano, pero no aceptó y poco después fue ultimado. ‘‘No hay manera de que le impongamos medidas de protección a un periodista que no está dispuesto a aceptarlas’’.

A pregunta de los senadores Dolores Padierna Luna (PRD) y Héctor Larios Santillán (PAN), Campa Cifrián explicó que ‘‘en los casos emblemáticos’’ de Miroslava Breach y Javier Valdez el monitoreo del mecanismo sobre la prensa y redes sociales no registró ninguna alerta. Dijo que Breach Velducea estaba trabajando en la instalación de la unidad estatal y una alerta en Chihuahua.

‘‘Sabemos ahora que Miroslava comunicó a diversas personas e incluso comentó con su medio el riesgo que advertía, pero el mecanismo no funcionó’’, y tampoco en el caso de Javier Valdez, donde ‘‘hubo puntos que debieron ser considerados’’, ya que incluso el corresponsal de La Jornada en Sinaloa había comenzado un proceso para establecerse en la Ciudad de México. De ahí la importancia, recalcó el subsecretario, de construir unidades estatales con monitoreo local para que en ningún caso alguna alerta quede desatendida.

Por su parte, el titular de la Feadle, Sánchez Pérez del Pozo, insistió en que es imprescindible restructurar y fortalecer a esa instancia para que pueda cumplir con su responsabilidad y acabar con la impunidad que priva en los asesinatos de periodistas.

Finalmente resaltó que se requieren más recursos y un mayor número de agentes del Ministerio Público, policías investigadores y peritos que apoyen de manera permanente a la Feadle; sin embargo, lo que ha habido es recorte de personal, situación que debe corregirse, señaló.