Mexicali, BC.

Mediante la figura de asociación pública-privada (APP), el gobierno de Baja California se comprometió a entregar a la empresa Seguritech Privada 4 mil 664 millones de pesos para convertir el C-4 en centro de control, comando, comunicación, cómputo, calidad e inteligencia (C5i).

Este proyecto –con el cual se pretende coordinar a todas las corporaciones policiacas e instancias de procuración de justicia en un solo programa y sistema– fue anunciado en medio de un repunte de la violencia en la entidad. Sólo en Tijuana se han contabilizado más de 650 homicidios dolosos en el año, 167 en mayo, lo que coloca a la ciudad fronteriza en el primer lugar nacional.

El contrato incluido en el acuerdo APP-EXORD8-2016-01 estipula que la empresa conservará y dará mantenimiento al sistema durante 22 años, en los cuales el gobierno de Baja California deberá pagar cada mes 17 millones 667 mil 590 pesos, 13.7 millones por tarifa fija de operación y mantenimiento, y 3.9 millones por tarifa de inversión.

Durante cuatro administraciones (incluida la actual), el proyecto, operación y mantenimiento del nuevo sistema costará a los bajacalifornianos 4 mil 664 millones 243 mil pesos.

Las APP no están sujetas a las leyes de Deuda Pública ni de Obras Públicas. Pese a la controversia que han generado estos contratos y los señalamientos de que constituyen una asignación irregular de fondos presupuestales, el gobernador Francisco Vega de Lamadrid informó el lunes que entregó al Poder Legislativo el documento para elevar de categoría al sistema de seguridad pública a C5i.

Se informó que en agosto comenzará la instalación de una red inalámbrica de 400 cámaras, miles de metros de fibra óptica y un sistema de vigilancia urbana. Asimismo, se modernizará el C-4 del municipio de Mexicali y se colocarán arcos en las carreteras para identificar las placas de los vehículos y a los automovilistas que ingresan a la entidad.

Además, se distribuirán 10 mil botones de pánico que estarán conectados al sistema para brindar respuesta inmediata.

Único participante en la licitación

El 19 de agosto de 2016 funcionarios de las secretarías de Infraestructura y Desarrollo Urbano y de Seguridad Pública se reunieron con la única empresa que participó en la licitación APP-2016-055, publicada un mes antes, para realizar el proyecto Sistema integral de enlace y monitoreo para el estado de Baja California.

El concurso fue asignado el 22 de diciembre a Seguritech Privada en conjunto con Architecture Engineering and Specialized Services, que en la evaluación técnica obtuvieron 46 puntos y en la económica 50 (la mínima para que el proyecto sea considerado técnicamente solvente es de 37.5 puntos).

La compañía líder en este tipo de sistemas de seguridad en el país se encargará de la elaboración del diseño, proyecto ejecutivo, construcción, conservación y mantenimiento del proceso de automatización de vigilancia en forma remota a través de cámaras, arcos de vigilancia, torres de comunicaciones para sistemas inalámbricos de voz, datos e imágenes con fibra óptica y antenas.

Según declaró el gobernador panista ante reporteros y representantes de la empresa que ganó la licitación, la inversión en el sistema de inteligencia será financiada completamente por Seguritech, que sólo destinará 500 millones de pesos a equipamiento.

De vendedores de alarmas a contratistas predilectos

Seguritech fue creada en 1996 como compañía de venta de alarmas domiciliarias y botones de pánico, pero en forma vertiginosa se convirtió en una de las empresas más importantes del país en seguridad, telecomunicaciones, aeronáutica y construcción.

Además de los proyectos en Baja California y Guanajuato, Seguritech Privada y Architecture Engineering and Specialized Services obtuvieron el año pasado contratos para aplicar el mismo modelo en Hidalgo y Michoacán durante 2017.

En los 10 años recientes ha instalado gran parte de los centros de seguridad C-2, C-4 y C-5 en 22 entidades de la República. Sin embargo, de acuerdo con informaciones periodísticas, este año al menos cinco gobiernos estatales interpusieron demandas contra la firma mexicana por incumplimiento en la operación y el mantenimiento del equipo instalado o funcionamiento parcial, así como gastos de inversión sin comprobar.