Con el fin de establecer las bases para que las empresas estén en mejores condiciones de cumplir las nuevas disposiciones legales de combate a la corrupción, la Secretaría de la Función Pública (SFP) presentó el modelo de programa de integridad empresarial, en el cual, entre otros aspectos, se fijan protocolos para denunciar presuntos actos de corrupción, códigos de ética en la interacción entre sector público y privado, así como análisis de riesgos de actos ilícitos.

Arely Gómez, titular de la dependencia, dijo que en el combate a la corrupción no hay panaceas, pues es un fenómeno que requiere ser enfrentado de forma multisectorial, integral y corresponsable. Con la presencia de funcionarios del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, agregó que el país asume el compromiso de combatir ese fenómeno.

El programa de integridad busca que las empresas tengan elementos para cumplir lo que establecen los artículos 21 y 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativos, que estará vigente a partir del 19 de julio, en la cual, empresas y empresarios serán sujetos de responsabilidades por actos de corrupción en los vínculos con el sector público.