San Cristóbal de

Las Casas, Chis.

Activistas y migrantes marcharon ayer en la frontera con Guatemala y protestaron frente a las oficinas de Instituto Nacional de Migración (INM), de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para exigir que se respeten las garantías de los indocumentados centroamericanos, informó Luis García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana, AC.

Las aproximadamente 20 personas comenzaron el recorrido en el río Suchiate, que divide México de Guatemala, y luego recorrieron 50 kilómetros en vehículo hasta la ciudad de Tapachula, donde protestaron frente a las dependencias citadas.

Villagrán aseguró en entrevista que el Plan Frontera Sur es la criminalización del fenómeno migratorio. La migración no es un crimen; es algo natural y todos tenemos derecho a migrar.

El director del albergue Todo por Ellos, Ramón Verdugo, afirmó por su parte que los gobiernos estatal y municipales no han atendido las recomendaciones de organismos de derechos humanos para que se respeten las garantías de los extranjeros de paso.

Agregó que existen recomendaciones e informes conciliatorios a los que no han dado seguimiento las autoridades municipales y estatales.

Anunció que enviarán un documento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exigir que las autoridades mexicanas atiendan las recomendaciones de proteger los derechos de los migrantes.

Tres detenidos por secuestro

La Fiscalía General del Estado de Chiapas informó que detuvo tres sujetos que mantenían privados de su libertad a dos ciudadanos guatemaltecos en el municipio de Ocosingo.

En un comunicado, precisó que “elementos del grupo interinstitucional detuvieron a los mexicanos Olga N, Miguel N y José N, y rescataron los dos migrantes en un inmueble ubicado en la colonia Candelaria de la zona centro.

La dependencia afirmó que las víctimas ingresaron a territorio chiapaneco y al llegar a Ocosingo fueron interceptados, subidos a un vehículo y trasladados a una casa de seguridad.

Sostuvo que los acusados demandaban vía telefónica a los familiares de las víctimas, que viven en Guatemala y Estados Unidos, 5 mil dólares a cambio de su liberación.