La explotación minera en el país ocasiona problemas de abasto y contaminación de agua, además de que genera conflictos sociales. Sólo en Chiapas hay al menos 21 concesiones y en San José del Progreso, Oaxaca, sigue el diferendo por la operación de la empresa Cucaztlán, que comenzó a explotar plata hace seis años.

En los municipios Acacoyagua y Escuintla, en la costa de Chiapas, la explotación de titanio afecta la calidad de las fuentes de agua de las comunidades, y sólo en esa zona hay al menos 21 concesiones mineras, de acuerdo con el Frente Popular en Defensa del Soconusco, en un documento presentado al relator especial de Naciones Unidas para el Derecho Humano al Agua Potable y al Saneamiento, Léo Heller.

Explicó que los sistemas de agua municipales obtienen líquido de los ríos Cintalapa y Cacaluta, y las tomas se encuentran justo abajo de la mina de titanio Casas Viejas, explotada por la empresa El Puntal. Desde 2004, la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó cinco proyectos extractivos en la zona de influencia de la reserva de El Triunfo y en las áreas de recarga de mantos acuíferos, con lo cual empezaron los problemas de abasto, indicó.

Señaló que han crecido los casos de cáncer de colón, estómago, hígado y riñones entre los habitantes de Acacoyagua y Escuintla. Apuntó que ha solicitado a las autoridades estudios epidemiológicos por daños a la salud y al agua por la minería, así como de calidad del líquido, pero no se han realizado.

En Ejutla y Ocotlán, Oaxaca, comunidades se oponen a la expansión del proyecto minero San José, de las empresas Cuzcatlán y Fortuna Silver Mines, y han advertido que el presidente municipal de San José del Progreso, Servando Díaz Vásquez, en diversas ocasiones ha solicitado la participación de elementos armados ante protestas de la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán. Los integrantes de ésta argumentan que por mandato de asambleas comunitarias se han declarado los territorios como prohibidos para la minería desde noviembre de 2015.

En tanto, una coalición de organizaciones civiles ha solicitado a las agencias gubernamentales de Canadá y Estados Unidos, encargadas de regular las leyes de valores en esos países, que investiguen si la empresa Almaden Minerals, de origen canadiense, ya que infringió los requisitos de divulgación que deben cubrir las compañías que cotizan en esos mercados al no revelar información clave sobre el proyecto de exploración de oro y plata conocido como Depósito Ixtaca, en el municipio Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla.