El primero de octubre próximo, fecha establecida para el referendo en que los ciudadanos de Cataluña decidirán si quieren que la región autonómica sea una república independiente, confluyen una serie de factores que hacen de esta cita en las urnas uno de esos momentos que pueden llamarse oportunidad histórica.

Pero como toda oportunidad de ese calibre, y por lo mismo que es histórica, ilusionante y maravillosa, también implica un gran riesgo, advierte la diputada catalana Anna Gabriel. Si se llegase a perder una oportunidad así, después puede venir un largo periodo de decepción y ­desmovilización.

Anna Gabriel es diputada en el Parlamento catalán por el partido Candidaturas para la Unidad Popular (CUP), feminista, educadora social de profesión y originaria del pueblo minero de Sallent. A sus 42 años es uno de los rostros más radicales en la escena parlamentaria catalana.

En entrevista con La Jornada, recuerda que este referendo ha sido organizado a contrapelo de la legislación constitucional española, atacado por las autoridades desde el flanco judicial y convocado contraviniendo los apercibimientos penales del Estado español. Lo llama un referendo prohibido, que incluso ha sido tildado por el Partido Popular como un golpe de Estado, cuando lo que es, en todo caso, un golpe de la más elemental democracia.

Mucha responsabilidad generalizada

Aunque su activismo político viene de una raíz de lucha popular y transgresora, a Anna Gabriel le ha tocado ir del brazo con otros partidos y fuerzas políticas mucho más moderados, conservadores incluso, que más allá de las apuestas partidistas han entendido, como ella, el peso del momento.

La sensación que tenemos frente a este momento es de mucha responsabilidad y no atiende solamente a los actores políticos, sino que es muy generalizada en la sociedad: es el saber que todos estamos frente a una posibilidad de ampliar el horizonte democrático, de realizar un referendo que está rescribiendo para nuestro país lo que es la democracia. Y que puede rescribir lo que puede ser el papel del ciudadano en el siglo XXI no sólo para Cataluña, sino para la Europa actual.

Frente al calado histórico que tiene la consulta del primero de octubre, la parlamentaria refiere que este proceso abre muchas posibilidades. Pero que si se cierra en falso podrá venir un momento muy duro, de constatar que la participación política no es útil. Si después de la autorganización que estamos viviendo no pasa nada, puede suceder que la gente ya no participe más, que permanezca apática, o peor aún, que es lo que está pasando en muchos países, que la extrema derecha fanatizada siga creciendo.

Un pulso contra la sombra de Franco

–¿Contra quién se juega el pulso político de los catalanes este primero de octubre?

–Primero, entender que el pulso no es contra la gente sencilla y trabajadora del pueblo español. Eso para empezar. Todos en Cataluña tenemos muchos lazos familiares, de amistad y de trabajo con la población española. La confrontación la tenemos con el Ejecutivo y con los fundamentos del poder del Estado español; una confrontación con un Estado que no hizo una transición democrática al finalizar la dictadura, que no depuró su ejército ni su sistema judicial; no hizo reparación, justicia y memoria para las víctimas del franquismo.

–Seguir adelante con el proyecto prohibido, como dices, suena a una propuesta muy radical, antisistémica. Sin embargo, este movimiento prorreferendo para la independencia cuenta con muchos apoyos muy diversos y plurales en la sociedad catalana. ¿No es así?

–Casi todas las encuestas señalan que cerca de 80 por ciento de la sociedad catalana está en favor del derecho a decidir, es decir, de articular este referendo, aunque sea para votar que no o para abstenerse. Lo que es absurdo es considerar en pleno siglo XXI un referendo como un planteamiento rebelde. Es un principio muy sencillo, básico, de la democracia. Y mira que esta franja de 80 por ciento no es ni mucho menos radical y anticapitalista, como sí lo es nuestro movimiento, sino que está conformado por un amplísimo abanico de sensibilidades, personas y espacios políticos y sociales que entienden que lo que está en juego en este momento en Cataluña y en general en España es un principio básico de la democracia. Es un movimiento muy transversal, diverso y amplio.

–¿Cómo se organiza logísticamente un referendo prohibido por la Constitución?

–En principio, con el apoyo de la gente. En el pasado reciente hemos hecho movilizaciones en las que participaron más de 2 millones de personas y en Cataluña sólo somos 7 y medio millones de personas. Hay una mayoría parlamentaria de 83 diputados favorables al referendo de un total de 135. Tenemos un gobierno de la Generalitat en favor. Y hay alcaldes y concejales en todo el conjunto del territorio catalán que han expresado su voluntad de hacer todo lo posible para hacer realidad la logística de este proceso.

“Claro, las dificultades son enormes. Una es el censo electoral, que es una competencia del Estado español. Manejar un censo con medios propios es ilegal a ojos de la legalidad española. La compra de urnas para depositar el voto también se ha convertido en una acción ilegal y el gobierno español ya tiene advertida a la consejera del Estado español, que es la responsable de hacer estas compras, que si continúa con ello también estará actuando de manera ilegal.

¿Y si gana el sí?

–¿Cómo se construyó esa mayoría que si bien no es necesariamente proindependencia sí es prorreferendo?

–Para quienes militamos en el independentismo es un camino que llevamos recorriendo ya desde hace muchos años. Hasta hace no mucho este era un movimiento político prácticamente marginal. Pero se ha ido afianzando, porque el Estado español ha demostrado una gran incapacidad. La sociedad se está haciendo la pregunta si en un contexto diferente, fuera del Estado español, tendremos la oportunidad de contar con una situación diferente, mejor a la actual.

“En la década pasada el Estado español dio una vuelta de tuerca que terminó por romper el consenso que había en torno a la Constitución de 1978. Durante años se creyó que en el régimen de autonomías sí se podían ejercer ciertos márgenes de decisión. Pero el gobierno fue conculcando una serie de competencias fundamentales. Por ejemplo, la sentencia del tribunal que obliga a las escuelas catalanas a enseñar en castellano si hay aunque sea un solo alumno –es decir, sus padres– que así lo decidan. O la decisión del Tribunal Constitucional, solamente 12 magistrados, que en 2006 anulan el estatut, que fue el régimen de autonomía por el cual la sociedad catalana votó mayoritariamente. Y luego viene la crisis económica de 2008-2009, que pone nuevamente sobre la mesa el hecho de que, como no tenemos autonomía financiera y no gestionamos nuestros recursos, no tenemos margen para decidir cómo queremos responder a esa emergencia social. Y el Estado español, lejos de responder con diálogo y acuerdos, contesta de manera autoritaria, muy marca Partido Popular, en la lógica del colonizador.

Esto es lo que genera el entusiasmo generalizado hoy día en torno al referendo ­independentista.

–¿Y si gana el sí?

–Pues el resultado será vinculante. De inmediato se tendrán que iniciar las tareas de la desconexión con España. Ya en la etapa del posreferendo hay líneas de acción diferentes. Nosotros en el CUP lucharemos para que la república tenga un marco económico distinto al capitalismo, que sea feminista, ecologista.