En México está muy presente el fenómeno de la captura corporativa del Estado, es decir, que las autoridades están supeditadas a la voluntad de las grandes compañías trasnacionales que llegan al país y operan en complicidad con ellas, para imponer megaproyectos en contra de la voluntad de las comunidades.

Así lo afirmó Elena Villaseñor, integrante de la organización Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDesc), quien estuvo presente en la ciudad de Ginebra, Suiza, en el lanzamiento público del informe del Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre empresas trasnacionales y derechos humanos.

Ese documento compendia los resultados de la visita que efectuaron los miembros del Grupo de Trabajo a México, del 29 de agosto al 7 de septiembre de 2016, y en la cual estuvieron en los estados de México, Oaxaca, Jalisco y Sonora, además de la capital del país.

De la ansiedad por las inversiones a los opositores al desarrollo

La ansiedad del propio gobierno por atraer inversiones ha provocado diversos abusos a los derechos humanos por parte de las empresas en el contexto de grandes proyectos de inversión u otras actividades donde están involucrados grupos vulnerables, como colectivos de trabajadores, comunidades indígenas y campesinas, y mujeres, subrayó la especialista.

Al tener lugar la captura corporativa del Estado, las autoridades mexicanas se vuelven cómplices de grandes compañías extranjeras –a las que deja operar a su antojo– e incurren en omisiones con tal de favorecer los intereses de dichas trasnacionales.

“Se ha creado esta idea de que las inversiones que se atraen al país van a generar desarrollo económico, y en ese sentido muchas de las comunidades indígenas y campesinas que se oponen a los megaproyectos son calificadas por las empresas, funcionarios y medios como ‘opositores al desarrollo’”, indicó Elena Villaseñor.

Una prueba de que las grandes inversiones empresariales no necesariamente generan riqueza ni empleos, subrayó, es un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México donde se advierte que los megaproyectos han provocado al menos 300 conflictos socioambientales, lo cual puede agravarse si el gobierno mexicano sigue sin mostrar voluntad política para atender informes como los del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas.