La primera comisión de la Permanente del Congreso de la Unión determinó ayer que no posee las atribuciones de ley para llamar a comparecer al titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes, con objeto de recibir una respuesta a las dudas que todavía persisten en torno a la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero.

Asimismo, ese grupo legislativo de trabajo decidió que sea la Junta de Coordinación Política del Senado la que determine si acepta la creación de una comisión especial en torno al caso de los 43 estudiantes desaparecidos el 27 de septiembre de 2014, en la ciudad de Iguala.

Francisco Martínez Neri, coordinador de la bancada perredista en la Cámara de Diputados, había propuesto la integración de una comisión de seguimiento a las investigaciones por la desaparición de los 43 jóvenes normalistas que funcionara durante el periodo de receso legislativo. No obstante, la presidencia de la Comisión Permanente resolvió que tal atribución corresponde a la Junta de Coordinación Política del Senado.

‘‘Respetuoso exhorto’’

Y también frente a la propuesta de solicitar la comparecencia ante el pleno del procurador Raúl Cervantes Andrade, la primera comisión aseguró no tener atribuciones para llamar a comparecer a servidores públicos, por lo que modificó el punto de acuerdo para únicamente ‘‘exhortar respetuosamente’’ a la dependencia federal a remitir un informe sobre el estado que guarda la investigación por la desaparición de los estudiantes.