Caracas.

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, solicitó este jueves al Tribunal Supremo de Justicia la anulación del proceso de reforma de la Constitución, con lo que ahondó su distanciamiento del presidente Nicolás Maduro, quien avanza su iniciativa en medio de crecientes críticas de disidentes del oficialismo y la tensión política generada tras más de dos meses de protestas.

Ortega dijo a la prensa que presentó en la sala electoral del máximo tribunal una acción legal para anular la convocatoria a una nueva Asamblea Nacional, las bases comiciales y las postulaciones de los candidatos que aprobó recientemente el Consejo Nacional Electoral (CNE). Es el pueblo soberano el que tiene la potestad de convocar a una Constituyente, dijo la funcionaria, quien sostuvo que el proceso promovido por Maduro vulnera la progresividad de los derechos humanos.

La fiscal presentó el recurso luego de que el miércoles el TSJ declaró inadmisible su solicitud para aclarar el fallo de la sala constitucional que facultó a Maduro a lanzar la convocatoria sin necesidad de someterla a referendo.

Ortega dijo que presentó la moción legal para defender la soberanía popular, la Constitución y la democracia.

De inmediato, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, y Néstor Reverol, ministro del Interior, Justicia y Paz, la acusaron de promover la impunidad y de traicionar el proceso de la Constituyente.

En tanto, la mayoría opositora del Congreso aprobó una moción de censura contra Reverol, a quien acusan de violar los derechos humanos de los manifestantes.

Los opositores denuncian la represión salvaje de militares y de efectivos de la Policía Nacional Bolivariana, al mando de Reverol.

Tareck El Aissami, vicepresidente venezolano, acusó a dirigentes de oposición de promover actos de terrorismo para dar un golpe de Estado, y reiteró señalamientos contra Julio Borges, presidente del Congreso, y otros legisladores. Con sus mensajes de odio han llenado de dolor y muerte las calles de Venezuela, declaró a la televisora estatal VTV.

La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) se reunió en el Vaticano con el papa Francisco, en busca de una salida a la crisis en su país. Tras informarle sobre la tensa situación política, los obispos venezolanos le entregaron un informe sobre los fallecidos durante las protestas y las cifras de la crisis humanitaria.

El Papa, según el presidente de la CEV, Diego Padró, indicó que considera válidas las condiciones fijadas en diciembre por el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, para salir de la crisis, que incluyen fijar un calendario electoral, la autorización de asistencia sanitaria internacional, la liberación de los opositores presos y la restitución de las prerrogativas de la Asamblea Nacional (Congreso).

Al cierre de esta edición se informó que la emisión de actas de nacimiento y documentos como validaciones de operaciones de compra y venta de bienes o de certificados académicos, fue suspendida en todo el país tras haber sido incendiada, el miércoles, la sede central del Servicio de Registros y Notarías (Saren), instancia que responsabilizó a manifestantes de oposición.