Caracas.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este jueves que la Constitución que surja de la Asamblea Nacional Constituyente que se elegirá el próximo mes será sometida a referendo.

La nueva Constitución saldrá a referendo para que sea el pueblo el que diga si está de acuerdo o no. Y saldrán los mismos de siempre a llamar a votar no. Los derrotaremos, afirmó el mandatario durante una reunión con su gabinete en el palacio presidencial de Miraflores.

Horas antes, la fiscal general, Luisa Ortega, cuestionó el dictamen del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que el miércoles autorizó a Maduro a convocar a una Constituyente sin consulta popular previa, con lo que profundizó su distanciamiento del gobierno, que ya la identifica como una disidente que podría poner en riesgo el futuro del proceso revolucionario.

Esta sentencia es un retroceso en materia de derechos humanos, dijo Ortega, luego de introducir en la Sala Constitucional del máximo tribunal una solicitud aclaratoria del dictamen.

Ortega también informó que su despacho investiga la muerte del juez Nelson Moncada, quien ratificó la condena de 14 años de prisión al líder opositor Leopodo López, al ser interceptado la noche del miércoles cuando intentaba evadir una barricada en Caracas. El gobierno dijo que no descarta que se trate del trabajo de un sicario ordenado por la oposición.

Al exponer un balance, Tarek William Saab, defensor del pueblo de Venezuela, habló de un total de 65 muertos en las protestas contra el gobierno de Maduro –cinco más que la fiscalía– que cumplen ya dos meses.

Detalló que 52 muertes ocurrieron durante las protestas y 13 en saqueos. Un total de 20 decesos fueron causados por arma de fuego, mientras 16 de las víctimas no participaban en las manifestaciones. Saab apremió a la fuerza pública a garantizar el respeto de los derechos humanos en la contención de las protestas opositoras y pidió que se extremen las precauciones al usar bombas lacrimógenas para evitar que alcancen a hospitales o escuelas.

Mientras, el TSJ ordenó al gobernador de Miranda, el opositor Henrique Capriles, impedir que en su estado se instalen barricadas de protesta contra el gobierno y advirtió que de incumplir la sentencia podría ir a la cárcel.

En este contexto, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, afirmó que Venezuela quedó aislada en la reunión de cancilleres del miércoles, a pesar de que no se pudo alcanzar una postura común o aprobar uno de los dos proyectos de declaración que estaban sobre la mesa.

El presidente de Bolivia, Evo Morales, acusó a Almagro de ejecutar una política similar al Plan Cóndor, la represión contra la izquierda lanzada por regímenes militares sudamericanos en los años 70, al señalar en un tuit que si no los elimina físicamente, quiere eliminar políticamente a presidentes y gobiernos antimperialistas.