n el contexto de un encuentro con la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas, la magistrada presidenta de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora, advirtió ayer que es probable que los comicios del domingo próximo (estatales en Coahuila, estado de México y Nayarit, así como municipales en Veracruz) se salden por la vía judicial, porque van a ser muy competidos; aseguró que el organismo que encabeza está blindado ante todo tipo de presión procedente de cualquier partido político y actor político; ofreció que los integrantes del cuerpo colegiado que preside tomarán sus decisiones con un total apego al orden constitucional y advirtió que la misión de esa Corte es garantizar que los ciudadanos puedan votar el domingo y hacer valer el sentido del sufragio.

Ciertamente, ante la incertidumbre de lo que ocurra en los cuatro procesos comiciales y, particularmente, ante el crispado ambiente electoral que caracteriza al estado de México, el país requiere de instancias judiciales sólidas, confiables e imparciales, capaces de dar transparencia, fiabilidad y certeza a los resultados, de corregir y sancionar irregularidades y de asegurar que sea el veredicto ciudadano el único factor de integración de las nuevas autoridades.

Por desgracia, el TEPJF carga con un déficit de credibilidad desde las elecciones federales de 2006, cuando se negó a disipar las sospechas generadas por el comportamiento inusual del flujo de resultados electorales mediante un recuento total de los sufragios. Por añadidura, el tribunal electoral, presidido entonces por Leonel Castillo González, emitió un fallo contradictorio e inconsistente, en el que reconocía la existencia de irregularidades graves en el proceso electoral y, sin embargo, daba por buenos los impugnados resultados oficiales que fueron anunciados por el Instituto Federal Electoral, que encabezaba Luis Carlos Ugalde.

Tras ese gravísimo descalabro que afectó al conjunto de la institucionalidad democrática, provocó una fractura en la sociedad y dejó a Felipe Calderón sin la legitimi-dad requerida para ejercer la Presidencia; el tribunal electoral volvió a cometer una pifia trágica en los comicios de 2012 cuando se negó a considerar las pruebas presentadas por el Movimiento Progresista en torno a la masiva compra de votos realizada por el PRI con instrumentos como tarjetas de débito Monex y de las tiendas Soriana. Encabezado en esa ocasión por el magistrado Alejandro Luna Ramos, el TEPJF dejó pasar la oportunidad de limpiar la elección, esclarecer posibles delitos electorales y recuperar la confianza perdida de la ciudadanía.

A la disfuncionalidad del organismo como impartidor de justicia realmente imparcial en materia electoral se suma el enojo social por las percepciones y prestaciones de los magistrados, tan desorbitadas y excesivas como en el resto del Poder Judicial.

Los comicios del domingo próximo representan para la institución una inestimable oportunidad de rehacer su maltrecha imagen y, sobre todo, de corregir el arraigado vicio de la impunidad en materia de delitos electorales. Del rigor, el profesionalismo y la independencia con que se conduzcan en esta ocasión los magistrados del TEPJF dependerá en buena medida que el país pueda avanzar a una elección presidencial y legislativa confiable en 2018. Cabe esperar, pues, que la palabra empeñada ayer por la magistrada Janine Otálora refleje un verdadero compromiso con la democracia y la legalidad.