El Tribunal de la Contencioso Administrativo (TCA) de la Ciudad de México solicitó al gobierno capitalino donarle el predio San Antonio Abad I, localizado en la delegación Cuauhtémoc, con la finalidad de construir ahí sus oficinas y dejar de pagar alrededor de 40 millones de pesos al año por concepto de alquiler.

Yasmín Esquivel Mossa, presidenta del TCA, explicó que hace cuatro años se comenzó un proceso de negociación con el Gobierno de la Ciudad de México, primero para ver la posibilidad de que se les diera un terreno, y luego definir el esquema financiero a seguir para edificar lo que será su inmueble propio.

Desde su creación, hace 45 años, este tribunal ha pagado renta, primero en un edificio en Arcos de Belén, luego en otro en Viaducto Río de la Piedad, y desde hace 10 años en Insurgentes Sur. Hoy día se paga una renta de 3 millones de pesos al mes, y dada la situación económica, creemos que no es conveniente que entes públicos paguen alquileres tan elevados, afirmó.

Detalló que una vez que se concrete la donación del predio, se tendrá el proyecto ejecutivo del edificio, tomando en cuenta que en el TCA trabajan 600 personas y tiene una afluencia de 3 mil al día que acuden en busca de asesoría o a interponer un recurso.

Respecto de los mecanismos de financiación que se podrían seguir, Esquivel Mossa señaló que está en pláticas con el titular de la Secretaría de Finanzas local para ver qué conviene más. Puede ser con recursos públicos o privados vía un fideicomiso o un crédito bancario, precisó.

Puntualizó que esto nos parece un paso fundamental para el patrimonio de la ciudad, que requiere del esfuerzo conjunto de todos lo magistrados del TCA y del gobierno capitalino.

El 10 de abril se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el decreto por el que se expropian los predios San Antonio Abad I y II, ubicados en la calzada del mismo nombre, delegación Cuauhtémoc, con lo que se busca mejorar la infraestructura y equipamiento de la zona.

En los considerandos se establece que tanto el TCA como otras instancias, han señalado que requieren espacios idóneos para la impartición de justicia y ampliar sus instalaciones para eficientizar y modernizar los procedimientos relacionados con la gestión jurisdiccional y administrativa.