En la Cámara de Diputados está listo el dictamen de decreto del proyecto de ley de seguridad interior. Desde el pasado 18 de abril circula entre los integrantes de la Comisión de Gobernación. El texto genera controversia entre los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y sus aliados (Verde Ecologista de México, PVEM; Nueva Alianza, Panal, y Encuentro Social, PES) con los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), que condicionan su apro-bación al respaldo priísta del mando mixto policial.

En ese punto no hay coincidencia alguna. El PRI apoya la ley del mando único policial, y considera enterrado el tema del mando mixto, que pretenden panistas y perredistas.

Dadas las circunstancias legales que se ciernen sobre el tema de la ley de seguridad interior, al no implicar ésta un cambio constitucional, en las filas del PRI impera el ánimo de aprobarla con su voto, sumado al de sus aliados, pues se requiere de mayoría simple (50 por ciento más uno) para ganar la votación en el pleno cameral.

Se va a votar como sea, se dijo a este diario desde las filas del PRI. Se avisora que la ley de seguridad interior se aprobaría en el salón de sesiones, ya sea en un periodo extraordinario, o en el ordinario que iniciará el primero de septiembre próximo.

En el primer caso, el de un periodo extraordinario, en San Lázaro se prevé que éste se celebrará a finales del mes de junio. No obstante, ya se prefiguran condicionantes para realizarse. Y tienen que ver con el resultado electoral del 4 de junio próximo.

Si el PRI gana en el estado de México, y en Coahuila o Nayarit, estará dispuesto a convocar al extraordinario. Si no fuera así, se confió a La Jornada, no habría ánimo de convocar a nin-gún extraordinario.

En el caso de que no se convocara a un extraordinario, el PRI ya dispone como una tarea inmediata –dentro del periodo ordinario del primero de septiembre al 15 de diciembre–, aprobar la ley de seguridad interior. Y entonces se encontrará dispuesto a discutir y a aprobar la ley del mando único policial. Para ellos no transita la ley del mando mixto.

Es ahí donde se ahonda la diferencia con el PAN y el PRD. Morena ha rechazado desde el inicio de la discusión la posibilidad de aprobar dicha ley, al considerarla una carta abierta para la estancia sin plazo, del Ejército Mexicano en las calles.

Para el PAN y el PRD también resulta intransitable la aprobación de la ley de seguridad interior. Para ellos es indispensable, en primera instancia, otorgar instrumentos jurídicos para conformar policías profesionales entre la federación, los estados y municipios.

En segunda instancia, resultaría viable, para panistas y perredistas, dictar un ordenamiento para regular las tareas que desempeña el Ejército Mexicano salvaguardando la seguridad de los mexicanos.

El PAN y el PRD también rechazan el mando único policial, al considerarlo injerencista, desde el centro del país, en las decisiones policiales de los estados.

Esas diferencias se han ahondado en las últimas semanas. Y han resultado en la determinación del PRI de sacar la legislación con la fuerza del voto mayoritario.

Los números le dan para ganar la votación por mayoría simple.

El dictamen de la Ley de Seguridad Interior contempla que su aplicación corresponde al Eje-cutivo Federal, mediante la Secretaría de Gobernación, con la participación de dependencias, entidades de la adminsitración pública federal, fuerzas federales y, en su caso, armadas.

Las autoridades federales, refiere el texto, incluyendo a las fuerzas armadas, en el ámbito de sus respectivas competencias, implementarán sin necesidad de declaratoria de protección a la seguridad interior, políticas, programas y acciones para identificar, prevenir y atender oportunamente riesgos a la seguridad nacional.