La legitimidad de Alejandra Barrales como presidenta del PRD aún se litiga en instancias partidistas.

De acuerdo con las denuncias presentadas por líderes de corrientes y consejeros nacionales, Barales no respeta las normas estatutarias, algunas de ellas para definir acuerdos trascendentales para el instituto político.

Las violaciones que se imputan a Barrales se refieren a su reincorporación al Senado siendo presidenta del PRD, no informar oportunamente sobre su propiedad en Miami y por abrir la posibilidad de una alianza con el PAN en 2018, al margen de los máximos órganos de decisión.

Los secretarios de Asuntos Municipales y Desarrollo Regional, Carlos Sotelo; de Políticas Alternativas de Seguridad Pública, Rey Morales, y de Fortalecimiento a la Militancia, Margarita Guillaumin, a finales marzo presentaron una queja en la Comisión Nacional Jurisdiccional contra Barrales por presunta violación al artículo 111 de los estatutos perredistas, a raíz de que reasumió su cargo como senadora. Este caso aún no se resuelve.

El mismo mes, los consejeros nacionales Leonel Godoy, ex presidente del PRD; Delfino Ríos, Dorisol González, Zac Mukuy, Araceli Vargas y José Luis Martínez de Gante solicitaron a la Comisión de Vigilancia y Ética cancelar la afiliación de Barrales por violar una vez más el estatuto y el reglamento de ética partidista, al omitir en su declaración patrimonial el lujoso departamento que adquirió en Miami.

En respuesta a la comisión, Barrales pidió que esa queja se desechara por improcedente; argumentó que la denuncia se sustenta en notas periodísticas, que ella refutó, y dijo que la iniciativa 3de3, en la que presentó su declaración patrimonial, no está en el ámbito material del reglamento de disciplina interna del PRD, por lo no se afecta el interés ni la esfera jurídica de los quejosos.

Además, destacó que Godoy Rangel y Martínez de Gante no acreditaron su afiliación al PRD al presentar la queja, como señala el artículo 27 del reglamento de la comisión de vigilancia y ética.

Barrales rechazó en el escrito que por una presunta omisión de hacer público la totalidad de los bienes inmuebles que poseo lesione los intereses del PRD y sus militantes, y que ello genere una percepción de corrupción, lo que provocaría –como acusaron sus denunciantes– que los ciudadanos no voten por el partido.

La semana pasada, Barrales y Ricardo Anaya, presidente del PAN, convocaron a crear un frente amplio opositor rumbo a las elecciones de 2018, que permita sacar al PRI de Los Pinos, lo que reactivó las críticas contra la dirigente y la exigencia de que se convoque a consejo nacional para determinar la ruta de renovación de la dirigencia nacional.