Oaxaca, Oax.

A casi un año del fallido desalojo que las policías estatal y Federal pretendieron realizar en Asunción Nochixtlán, localidad en la que perdieron la vida ocho personas, las agresiones son el pan de cada día para las víctimas y familiares de los fallecidos y heridos, denunció Santiago Ambrosio Hernández, presidente del Comité de Víctimas por la Justicia y la Verdad 19 de Junio.

En entrevista, indicó que el ataque más reciente se perpetró a la una de la madrugada de ayer, cuando desconocidos atacaron el monumento erigido en honor a los fallecidos. Los agresores derribaron algunas de las figuras ahí montadas, les rompieron las extremidades y escribieron groserías con pintura, denunció.

Pero, aclaró, este ha sido quizá el ataque menos grave en los meses recientes, ya que él fue víctima de una emboscada el pasado 5 de marzo, cuando se trasladaba a Apoala y un desconocido disparó en su contra hiriéndolo en la pierna. En aquella ocasión era acompañado por Felipe Montesinos, quien resultó ileso.

Ambrosio Hernández añadió que constantemente son agredidos por personas afines al presidente municipal Rubén Alcides Miguel. Incluso el mismo alcalde los ha amenazado para que dejen de movilizarse y exigir justicia.

Los policías municipales los han agredido, en ocasiones verbalmente y a veces hasta de manera física. Apenas esta semana agentes federales que llegaron a la comunidad insultaron a los dueños de un negocio que se negaron a venderles, en protesta por lo que hicieron el pasado 19 de junio.

De igual forma, señaló que integrantes de la Procuraduría General de la República (PGR) han acusado a los miembros del comité de entorpecer sus investigaciones y los han amenazado con iniciar una denuncia en su contra.

Esta situación, dijo, se produjo cuando peritos de la PGR pretendieron realizar trabajos en la zona sin que hubiera un aviso a las víctimas, pese a que existe un acuerdo al respecto con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián. Esto ocasionó un conflicto en el que los trabajadores de la delegación de la procuraduría comenzaron con las amenazas.

Por otra parte, el presidente del comité de víctimas refirió que es claro que el gobierno federal está interesado en ocultar la verdad de lo ocurrido el 19 de junio de 2016, es por ello que toda la investigación ha sido reservada por cinco años, por lo que no se tendrá acceso a la misma durante ese lustro. Esto lo consideró una maniobra más de la Federación para encubrir a los responsables.

También desmintió la información emitida por la PGR en la que se asegura que ha efectuado más de 200 peritajes en el lugar de los hechos, de los cuales 199, señala, fueron realizados en 12 de junio. Aquí no han hecho nada, mucho menos en la fecha que mencionan; la única vez que lo intentaron terminaron retirándose por que no traían los materiales necesarios ni se había delimitado la zona a investigar.