La negativa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a permitir el paso a sus actos a un reportero de La Jornada forma parte del clima de violencia en el país contra los periodistas y es una muestra de la censura del Ejército en contra de los medios de comunicación que investigan las violaciones de derechos humanos cometidas por militares, afirmaron organizaciones de la sociedad civil.

Carlos Ventura, coordinador del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, consideró que el bloqueo informativo de las fuerzas armadas a este diario se inscribe en el ambiente de agresiones generalizadas y sistemáticas en contra de la prensa, y en particular de los medios que tienen una línea crítica con respecto al actual gobierno.

“La negativa de la Sedena a que un reportero de La Jornada ingresara a sus actos es una muestra de la censura que existe hacia los medios que le dan seguimiento a temas como el papel de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, la discusión sobre la ley de seguridad interior y las graves violaciones de derechos humanos cometidas por militares”, consideró el activista.

Para Ventura, lo ocurrido con el reportero Jesús Aranda es una muestra de que existe un deseo del Ejército de censurar el ejercicio informativo que le pueda resultar incómodo, en el contexto de una actitud de presión en contra de diversos sectores para que se apruebe ya la ley de seguridad interior, mediante la cual se le daría el marco legal a su participación en tareas policiacas.

Es indudable que los militares creen que su legitimidad es muy alta, pero habría que preguntarse la legitimidad de qué o de quién, porque cada vez son más evidentes las violaciones de derechos humanos que cometen las fuerzas armadas, que además reciben el apoyo de otros secretarios de Estado, subrayó.

Situación agravada

Antonio Lara, director del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, coincidió en que la obstaculización del trabajo periodístico de La Jornada se enmarca en un contexto de violencia contra los comunicadores, que en lo que va del año ha cobrado la vida de al menos seis integrantes de este gremio.

Los altos mandos militares están empeñados en que se apruebe una ley a modo para ellos y ven en los periodistas a un sector crítico, capaz de difundir opiniones diferentes, y eso ha acarreado una actitud institucional bastante agresiva contra ellos, agravada por la desesperación, porque saben que están perdiendo la discusión pública sobre la militarización de la seguridad pública, consideró.