egún los Estudios Económicos: México, 2017, nuestro país es el más corrupto dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En el Instituto Politécnico Nacional, una de las instituciones más nobles creadas por el México del siglo XX, la corrupción –profundizada por la política neoliberal– ha erosionado su proyecto fundacional. Sin duda la corrupción es un freno antiacadémico de primer orden para el nacimiento del IPN del siglo XXI.
La Asamblea General Politécnica (AGP) presionó para obtener información en torno a los acuerdos cupulares crónicos de reparto de plazas entre las autoridades centrales del IPN y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Lo que ha salido a flote en las discusiones paritarias de la mesa 5x5, que lleva a cabo con representantes de la dirección general, es extremadamente delicado.
En La Jornada del 14 de mayo, Arturo Sánchez dio a conocer a nivel nacional los datos recabados por la AGP y presentados en el primer Foro sobre el Acuerdo 2/2017. Revelan un retroceso insólito para nuestro sistema educativo: de 1996 a 2014, las diferentes administraciones del IPN otorgaron 5 mil 822 plazas docentes ¡a personal no docente que cumple funciones administrativas! Peor aún: se otorgaron mil 891 plazas docentes de tiempo completo ¡a personal sin licenciatura! Esas irregularidades son de una amplia magnitud: equivalen, aproximadamente, a un tercio de las plazas docentes en el IPN.
Hoy se sabe que mil 281 plazas docentes se encuentran adscritas para cumplir funciones no docentes al área central. Lo que corresponde a los docentes de ocho CECyTs o nueve escuelas superiores. Pero en esa área no existen aulas ni se imparten clases. Hay casos de escándalo: ni siquiera examen de oposición presentaron.
El reparto crónico cupular entre las autoridades del IPN y el SNTE ha acumulado un enorme contrasentido antiacadémico: un amplio conjunto de plazas docentes, que deberían canalizarse para la educación de generaciones juveniles altamente capacitadas para el desarrollo tecnológico nacional, se ocupan en personal administrativo dedicado a sacar copias, laborar como choferes o secretarias. Muchas de estas plazas se asignaron a familiares de ex funcionarios.
A la par, en las escuelas, la precarización laboral neoliberal lacera los derechos docentes y la formación de la juventud, así como la investigación.
Según la Hoja Estadística Básica IPN 2016 enero-diciembre, de los 16 mil 947 docentes con los que cuenta el instituto, 52.99 por ciento no cuenta con una plaza de tiempo completo. Para el caso de las docentes el porcentaje se incrementa a 55.95 por ciento. Para complementar su ingreso, más de la mitad de ellos tienen que laborar en diferentes instituciones, o asumir polivalentemente otras tareas laborales. Lo que tiene un inocultable impacto negativo para el desarrollo académico institucional. Existen docentes que son doble Presea Lázaro Cárdenas o son pioneros en la enseñanza de cursos bilingües en ciencias sociales, pero simplemente son profesores interinos, no cuentan ni con 10 horas de base. Los profesores con interinatos, que son los que tienen mayor carga frente a grupo, representan 23.86 por ciento, de la planta docente. El impacto de la precarización laboral es mayor hacia este núcleo. Para acrecentar las horas de base y alcanzar el tiempo completo no existe una política laboral transparente. Pesa sobremanera el reparto discrecional de las horas de base dentro de los grupos de poder –directores de escuelas y autoridades centrales– con el sindicato.
La política de austeridad neoliberal va dirigida a afectar ante todo los salarios, el rubro donde mayormente se canaliza el presupuesto en educación. Durante años los docentes por horas han sostenido el funcionamiento de la carga frente a grupo.
En el caso del personal de apoyo y asistencia a la educación (PAAE), existen 2 mil 819 plazas en área central, lo que equivale a la totalidad de personal en los CECyTs o 33 escuelas superiores. Mientras el reparto de estas plazas se dio entre el SNTE y las autoridades, la subcontratación creció como nunca antes. Existe personal con más de una década cobrando por honorarios, sin la oportunidad de recibir una plaza.
El acuerdo 2/2017 que aprobó el Consejo General Consultivo es resultado de las fisuras históricas que se están abriendo a partir del movimiento 2014.
Las plazas docentes vacantes definitivas, de modo natural, deben regresarse a las unidades académicas. Es inadmisible que sigan asignadas a funciones no docentes. Sin embargo, no existe certeza de que se designen por criterios académicos claros, menos aún sin acuerdos cupulares. No puede ser se que siga asfixiando a los docentes interinos. Son imprescindibles concursos de oposición que tengan como requisito haber sido profesor politécnico.
La Jornada el 17 de mayo informa que los directores de las escuelas se están reuniendo para determinar qué hacer con alrededor de 400 vacantes docentes, sin consultar a sus comunidades por conducto de las academias.
En el caso de las plazas del PAAE, 50 por ciento de ellas las reparte el SNTE y el otro 50 las autoridades.
El movimiento politécnico 2014 ha abierto una ventana de oportunidad. Uno de sus cuestionamientos cardinales fue dirigido al grave daño de la corrupción en la política de contratación docente. La mesa 5x5 ha sido el espacio en el que esta información se ha desocultado por primera vez. Ninguna fuerza que pretenda ser de oposición puede defender los acuerdos cupulares, bajo ninguna modalidad, entre las autoridades centrales del IPN y el SNTE. Acudir al grupo parlamentario del PRD, que aprobó las contrarreformas laboral y educativa, no puede ser la vía para construir una alternativa. El surgimiento del IPN del siglo XXI requiere de una nueva política de ingreso docente comprometida consistentemente con México y la juventud politécnica.
*Docente de Esca Tepepan