La Secretaría de Hacienda impone a las empresas forestales comunitarias un régimen fiscal que se convierte en un lastre que las puede llevar a la quiebra, ya que ignora que sus ingresos por el aprovechamiento y transformación de sus recursos forestales los reinvierten en obras sociales, como educación, salud, cultura y limpieza de caminos, señaló el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS).

El organismo explicó en un análisis que el caso más reciente de la empresa social de la comunidad indígena Odami San Bernardino, de Milpillas, Durango, a las que Hacienda le atribuye adeudos fiscales por casi 40 millones de pesos, y el de otras plantas que están en la mira de esa dependencia.

Esa empresa social cuenta con certificado de buen manejo forestal y otro de cadena de custodia bajo los estándares internacionales del Forestry Stewardship Council (FSC), lo que certifica el buen manejo que hacen de su bosque, además de que genera 430 empleos directos y una cantidad superior de indirectos, la gran mayoría ocupados por mujeres y jóvenes de la comunidad.

El consejo indicó que las empresas forestales campesinas reconocen su obligación de pagar impuestos, sin embargo, consideran que el modelo fiscal que se les aplica es inadecuado y al final resulta injusto y contraproducente. No se toma en cuenta que las compañías son reguladas por las asambleas ejidales y comunales, las cuales imponen las condiciones de reparto y beneficio comunitario que se pagan con los ingresos del aprovechamiento forestal, apuntó.

Hacienda considera como lucro los ingresos invertidos en desarrollo comunitario y el reparto entre los ejidatarios, el llamado derecho de monte, y aplica a estas empresas 32 por ciento de impuestos sobre la renta (ISR), sin permitirles deducir los gastos que realizan para el desarrollo de la comunidad.

El consejo detalló que los comuneros y ejidatarios también realizan trabajos de prevención y combate de incendios y plagas, limpieza y vigilancia, entre otras actividades en el bosque y Hacienda no les permite deducir de los impuestos esas actividades, pero sí les obliga a pagar 32 por ciento por ISR además de 16 por ciento por un IVA que en su mayoría también es imposible de recuperar por las empresas comunitarias.