Hermosillo, Son.

El consorcio Grupo México, responsable del peor desastre minero en el país tras el derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado y otros metales al río Sonora, pretende suspender la construcción de la clínica destinada a los afectados por la contaminación y sólo entregar un centro comunitario.

A finales de marzo anterior, en una reunión con representantes del gobierno estatal y de la Secretaría de Gobernación, la empresa propiedad de Germán Larrea propuso reducir, de 27 a nueve, las plantas de tratamiento para sanear las aguas del cauce.

Wenceslao Cota Montoya, delegado de Gobernación en Sonora, aseguró que los representantes de Grupo México ante el comité técnico del fideicomiso, creado para atender a los afectados, impulsan la propuesta de suspender la construcción de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental (Uveas) y las plantas potabilizadoras.

Refirió que los empresarios pretenden dejar de invertir en laboratorios y equipo clínico, y sólo entregar un edificio vacío que, a casi tres años del peor desastre ambiental en la historia del país (6 de agosto de 2014) todavía construye el consorcio minero.

Según las pláticas que sostienen con los gobiernos estatal y federal, los directivos de Grupo México pretenden así resarcir el daño provocado a la salud y el entorno de 360 habitantes de los ocho municipios afectados: Arizpe, Banámichi, Bacanuchi, Huepac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora y Ures.

La clínica que se comprometió a construir la empresa minera se planeó para dar seguimiento a la salud de los afectados por altos niveles de metales pesados, entre ellos 99 menores y más de 40 adultos mayores. Se planteó también que el Uveas sería el centro de operaciones para monitorear la sanidad del agua de los pozos y del cauce del río Sonora por 15 años.

Ahora, el consorcio de Germán Larrea pretende incumplir los compromisos pactados con los lugareños, a pesar de las daños que causó el derrame de tóxicos proveniente de la mina Buenavista del Cobre, ubicada en el municipio de Cananea.

Según la propuesta, el Uveas se destinará para otro fin. Se va a entregar para el desarrollo comunitario y el gobierno del estado determinará el uso, por ejemplo: si se convierte en centro de capacitación o para servicios a la comunidad, destacó el delegado de la Secretaría de Gobernación.

De ser así, Grupo México incumplirá los acuerdos en materia de salud, ambiental y económica hechos con los pobladores, entre ellos el número de plantas potabilizadoras que construiría, en beneficio de 25 mil habitantes de la región, que redujo de 27 a 9.

El consorcio minero tomó esta decisión con base a los estudios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), según los cuales disminuyeron los niveles de metales pesados en las aguas del río, dijo Cota Montoya.

La única planta que funciona se encuentra en Bacanuchi, pero no opera pues la compañía y el ayuntamiento se niegan a pagar el mantenimiento.

Daños a la salud

La mayoría de personas que resultaron con afectaciones a la salud a causa del derrame de 540 toneladas de sulfato de cobre acidulado y otros metales al río Sonora viven en Ures (96), Aconchi (73), Baviácora (63), Arizpe (53) y Banámichi (39).

Los principales problemas generados por los tóxicos son dermatológicos: 290 casos diagnosticados, según la Cofepris, seguido de enfermedades gastrointestinales (18 casos) y oftalmológicas (17); incluso 12 padecimientos neurológicos generados por la intoxicación con metales pesados.

En la actualidad los pobladores continúan expuestos a la contaminación del agua de los pozos alimentados por el río Sonora.