Los hechos ocurridos el pasado 3 de mayo en la comunidad de Palmarito Tochapan, Puebla, donde fallecieron cuatro soldados y seis civiles durante un operativo, son una prueba fehaciente de que la militarización de la seguridad pública conlleva el uso desmedido de la fuerza letal y otras graves violaciones de derechos humanos, señaló el colectivo Seguridad sin Guerra.

En un comunicado, la organización –que reúne a familias de víctimas, académicos y 140 grupos de la sociedad civil– afirmó que de aprobarse la Ley de Seguridad Interior es predecible que este tipo de situaciones continúen ocurriendo.

Tanto el homicidio alevoso de un soldado como la ejecución extrajudicial de un civil son preocupantes y ratifican que ante la crisis de inseguridad lo que se necesita no es la militarización, sino un nuevo modelo de seguridad ciudadana y una reforma integral al sistema de justicia penal, así como la profesionalización de las policías, enfatizó el colectivo.

“Los hechos de Palmarito, sumados a otros ya conocidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), como los sucedidos en Tlatlaya, confirman que las actividades de seguridad pública no son propias de las fuerzas armadas y que desnaturalizan –en palabras del Secretario de Defensa Nacional– las acciones del Ejército”, añadió.

Seguridad sin Guerra indicó que la CNDH ha emitido 45 recomendaciones a las fuerzas armadas sobre casos de ejecuciones extrajudiciales entre diciembre de 2006 y abril de 2017, por lo que una Ley de Seguridad Interior no subsanará esta deficiencia y sí fomentaría la comisión de más violaciones a los derechos humanos.

De igual manera, recalcó que lo ocurrido en Palmarito no es aceptable ni permitido en ningún tipo de enfrentamiento de acuerdo al derecho internacional e incluso conforme al manual de uso de la fuerza del Ejército.

Los hechos que precedieron a esta situación, incluso el ataque contra otro soldado, no son de ninguna manera una justificación para ejecutar a una persona ya sometida.

Por todo lo anterior, el colectivo llamó a la Procuraduría General de la República a actuar de forma pronta y expedita para el esclarecimiento de los hechos, y a la Secretaría de la Defensa Nacional a rendir cuentas con total transparencia.