La embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, la Unión Europea, así como legisladores, defensores de derechos humanos y colectivos de víctimas lamentaron el asesinato de la activista Miriam Elizabeth Rodríguez y exigieron que el crimen se aclare y se castigue a los responsables.

Miriam Rodríguez buscaba justicia para su hija asesinada y para otros padres que sufrieron lo mismo. En su cuenta de Twitter, la embajadora Jacobson señaló que nada más triste que los asesinatos contra los defensores de derechos humanos. Son ellos quienes dan voz a los más vulnerables.

La Unión Europea (UE) se sumó a la condena por el asesinato de Rodríguez y pidió a las autoridades mexicanas una investigación independiente, que permita llevar ante la Justicia a los responsables.

Se deben garantizar investigaciones rigurosas e independientes sobre estos asesinatos para llevar a los autores ante la justicia, declaró en un comunicado la vocera de la delegación de la UE en México, Federica Mogherini.

Organizaciones no gubernamentales resaltaron que el asesinato de Miriam Rodríguez es una muestra de la gran vulnerabilidad en la que trabajan los defensores de derechos humanos en Tamaulipas y el resto del país, y deja ver la ineficiencia de los organismos oficiales supuestamente encargados de proteger a los activistas y periodistas, señalaron diversas organizaciones civiles.

Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, subrayó que este feminicidio, ocurrido el pasado miércoles en el propio domicilio de la víctima, nos causa mucha indignación por el hecho de que la compañera pidió medidas de protección (al gobierno estatal) y no se las proporcionaron.

En igual sentido se pronunciaron Olga Guzmán, directora de incidencia de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y el Centro de de Derechos Humanos Fray Juan de Larios. Su asesinato no sólo demuestra la cobardía de los grupos criminales, sino también deja clara la falta de acción del Estado.

El vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Alejandro Ojeda, sostuvo que el homicidio es producto de la omisión y negligencia del Estado mexicano, porque nunca estableció medidas de salvaguarda para la defensora de derechos humanos y búsqueda de desaparecidos.

Insistió en la necesidad de realizar un periodo extraordinario para que la Cámara de Diputados revise y, en su caso, apruebe la minuta del Senado sobre la Ley General de Desaprisiones Forzadas, con la finalidad de establecer los protocolos que, por un lado, garanticen la investigación oportuna y eficiente de las desapariciones de las víctimas y, por otro, protejan la vida de sus familiares.